Estamos frente a la posibilidad no sólo de seguir perdiendo irreversiblemente extensos sectores de humedales, sino también a sus poblaciones ancestrales y pre-existentes y con ello sus saberes ambientales.

 

 

En la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, a fin de dar Tratamiento a la «Ley de Humedales», expuso la Dra. en Ciencias Sociales. Sofía Astelarra, en nombre del Observatorio de HumedalesSofía Astelarra

 

Compartimos la exposición


Desde el Observatorio de Humedales Delta, venimos registrando e investigando la expansión urbana sobre áreas de humedales deltáicos.

En los últimos 30 años se ha instalado un modelo de urbanismo privado asociado a barrios cerrados y al turismo de élite. Han contado con la complicidad gubernamental tanto por acción u omisión. Este proceso tiene varias modalidades que se observan en otros casos y en un nuevo emprendedurismo de mediana y pequeñas escala.

Para arraigarse requieren transformar la estructura del ecosistema. Se procede al desmonte para su relleno o entierro y al endicamiento; se realizan lagunas artificiales y canalizaciones en áreas frágiles como los pajonales y juncales.

Además de la muerte de especies no-humanas, se altera drásticamente el flujo hídrico, su dinamismo y variabilidad espacio-temporal. Se reduce la diversidad e integridad socio-ecológica a la unicidad terrestre o acuática, afectando a veces irreversiblemente los procesos vitales ecosistémicos fundamentales para el planeta.

Esta fragmentación ecosistémica destructiva es el paso inicial para el cambio de uso y de estatus jurídico ya que se privatiza el uso de juncales, costas, canales y ríos que eran de uso común de las comunidades locales pre-existentes. Se consolida una privatización de bienes comunes naturales de la humanidad concebidos ahora como bienes privados y mercantilizados para grupos privilegiados.

Esta modalidad del urbanismo privado, ligado también al uso turístico y recreativo, es concomitante con el incremento de lanchas rápidas de gran porte que navegan los ríos sin respetar los usos y costumbres locales. En verano, son noticia frecuente los accidentes fatales. La inseguridad fluvial torna inhabitables los ríos para la población preexistente, incrementando el riesgo social.

Otro efecto de este oleaje náutico es la aceleración de la erosión de riberas incurriendo en la degradación ecosistémica, en un costo económico a la población local, ya que tienen invertir en la protección de las costeras y en la degradación del paisaje prácticamente irreversible.

Esta degradación severa del ecosistema se combina con la desvalorización e inferiorización de la población local. Por ello, en términos socio-culturales denominamos metafóricamente “miamización del delta” a este modo de habitar y vivir las islas por el urbanismo privado.

Los sectores inmobiliarios en sus slogans publicitarios venden escenarios “naturales” ideales para escapar de la ciudad, lograr la tranquilidad, seguridad y contacto con la naturaleza. Justamente esta artificialización está destruyendo la tranquilidad, seguridad y contacto con el humedal de las poblaciones que los habitan histórica y permanentemente.

En fin, incide en la pérdida de derechos humanos: de acceso a la tierra y al trabajo digno, de acceso al agua de los ríos, arroyos y canales, a un ambiente sano, a disfrutar del esparcimiento y ocio seguro; a mantener el patrimonio cultural y paisajístico de las comunidades pre-existenes; el derecho a decidir sobre sus territorios.

La población local se ve obligada a reconvertirse al sector de servicios, a migrar o desplazarse por la presión por la mercantilización de la tierra, la pérdida de sus fuentes de trabajo tradicional, la transformación del humedal y el hostigamiento que vivencian.

Empeoran su calidad de vida. Esto implica costos afectivos y económicos inconmensurables. Se inician procesos de pérdida de los saberes locales asociados al funcionamiento del ecosistema, a otras prácticas productivas y a los modos de vida en contacto directo con el ecosistema. De ahí que la miamización del Delta y el entierro de los humedales no solo consuma un Ecocidio sino también un Epistemicidio de la memoria del Paraná y su gente. Estamos frente a la posibilidad no sólo de seguir perdiendo irreversiblemente extensos sectores de humedales, sino también a sus poblaciones ancestrales y pre-existentes y con ello sus saberes ambientales.

Entonces, ¿cómo habitar los humedales sustentablemente?

Desde el OHD, venimos acompañando y trabajando en torno a los múltiples procesos que se abren a partir de un conflicto ambiental en el que se observan los daños y estragos mencionados.

Nos referimos al emblemático caso “Colony Park”, megaemprendimiento de 300 ha, cuyas obras han sido paralizadas hace 10 años, aunque aún se aguarda una resolución jurídica definitiva y esperamos sea favorable a las familias isleñas afectadas. Este caso ya nos ha dejado muchos aprendizajes.

El primero es que el incumplimiento de leyes ambientales y sociales garantizó el inicio de obras y los daños ambientales. Todo evitable si se hubiesen aplicado las leyes existentes.

El segundo, gracias a la resistencia de la comunidad afectada, las organizaciones ambientales y científiques, el impacto, los daños y estragos de estos emprendimientos fueron visibilizados y los sectores gubernamentales finalmente actuaron.

El tercero, al pasar 10 años del freno de obras, observamos que en el área impactada comenzó la recomposición de la vida humana-no humana. Esto sucede porque se recupera la temporalidad acorde al flujo de materias y energías ecosistémicas y porque las comunidades locales colaboran con el proceso vital del humedal.

En nuestro afán académico por realizar acciones para la recomposición dialogamos con las familias que históricamente han vivido allí. En ese proceso aprendimos que el funcionamiento del ecosistema adquiere singularidades conocidas por quienes los habitan. Y es justamente en la experiencia y la memoria de éstas que este conocimiento pervive y se sigue construyendo. Adquiere sus propios lenguajes y métodos.

De ahí que el diálogo de saberes sea fundamental para una ley de humedales. Es posible la relación sinérgica y de retroalimentación entre saberes científiques y saberes locales para la preservación eco-social de los humedales y para la recomposición de aquellos que han sido dañados.

Una vez realizado este diagnóstico deberemos comprender que la remediación de un daño socio-ambiental no es una solución técnico-científica, ni se logra con tecnologías que alteran justamente ese flujo vital del ecosistema. No puede quedar en manos de organismos privados dedicados al maquillaje verde, debe asegurarse el rol de universidades y organismos científico-técnicos públicos que colaboren con las comunidades locales en el monitoreo de los humedales.

Durante 30 años el sector público ha facilitado el urbanismo privado, esos sectores económicos ya han tenido rentabilidades extraordinarias y han generado daños eco-sociales que pagamos humanos y no humanos. Es momento de generar políticas públicas que garanticen la sustentabilidad de la vida presente y futura, la Ley de Presupuestos Mínimos en Humedales.

Necesitamos habitar los humedales como territorios de vida no-humana y humana, no como territorio privado, exclusivo y excluyente.

Los conocimientos y experiencias de vida sustentable ya existen, es momento de valorarlas y generar los mecanismos de participación correspondientes, que sean vinculantes, que tengan financiamiento específico. Para lo cual un tiempo de moratoria respecto a los usos es clave. También para consolidar órganos de aplicación, regulación y gestión interjurisdiccionales nacionales, regionales y locales donde dicha participación sea la protagonista.

Los conocimientos de las poblaciones y los humedales son bienes comunes que no pueden perder su integridad. Documentar esa memoria y preservarlos para las generaciones futuras son dos principios éticos precautorios que deben regir la ley de humedales en debate.