Un decreto emitido por el gobierno de Bolivia con el fin de contener la propagación del coronavirus amenaza la libertad de expresión al permitir el proceso penal de quienes critiquen las políticas públicas, advirtió anoche la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW).
“El gobierno interino de Bolivia aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren ‘incorrecta’ y esto viola el derecho a la libertad de expresión”, dijo HRW en un comunicado.
La organización recordó que el 25 de marzo pasado, la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, firmó un decreto que prorrogó la cuarentena y estableció que las personas que “inciten” a su incumplimiento “o desinformen o generen incertidumbre a la población serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”.
HRW afirmó que funcionarios de alto nivel en Bolivia mencionaron expresamente a opositores políticos como posibles objetos de procesamiento por “desinformar”, según la agencia de noticias EFE.
Agregó que como el decreto no precisa qué tipo de declaraciones o acciones podrían considerarse desinformativas o generadoras de incertidumbre, podría dar lugar a abusos para silenciar opiniones, por lo que pidió la derogación de la norma.
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