La trata de personas es una forma de esclavitud moderna que afecta a millones de personas en todo el mundo y las somete a condiciones de vida infrahumanas, donde pierden su libertad, dignidad y hasta su propia identidad.
La Organización Internacional del Trabajo calcula que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas de explotación laboral y sexual.
Según el Informe Mundial sobre la Trata de Personas, en nuestro continente el 69% de las víctimas son adultos y el 31% son niños. La estadística del informe demuestra que los niños y niñas ocupan un porcentaje cada vez mayor entre las víctimas. Los más vulnerables, son los más expuestos.
La situación es tan alarmante que la consigna que llama a la acción sobre este flagelo para 2018 es «La respuesta a la trata de niños y jóvenes». Con este lema, se busca llamar la atención sobre las acciones necesarias para la protección y la garantía de la justicia para los niños víctimas.
La trata de personas afecta a todos los países. Nuestro país no es la excepción. Según un informe de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), desde mediados de 2015 se recibieron 5238 denuncias de las cuales alrededor del 40% fueron denuncias por trata sexual.
Aun cuando se encuentra gravemente penada por Ley, la trata de personas es el tercer negocio más rentable del crimen organizado y la posibilidad de que exista se sustenta en el entramado de poder que se teje detrás de ella. Hay una constante que se repite una y otra vez: el engaño sistemático a las víctimas y la impunidad a los delincuentes. La situación de los niños y niñas es todavía peor porque la vulnerabilidad propia de su situación los expone más y son sometidos, explotados, violentados.
En las víctimas de trata el sometimiento y el despojo son permanentes. En algunos casos, no hay siquiera posibilidades de pedir ayuda por la amenaza constante y el daño emocional en el que se encuentran y transcurren sus vidas. Las estadísticas además reflejan la otra cara de esta situación: victimarios que reclutan, trasladan, someten y se llenan los bolsillos con absoluta impunidad. La dignidad humana es lo que se pone en juego en la connivencia entre los criminales y los responsables de garantizar la seguridad ciudadana.
Es claro que terminar con la trata depende de un real compromiso por parte del Estado, donde las fuerzas de seguridad tengan bien clara cuál es la posición que deben asumir respecto de las víctimas y los culpables.
Como ciudadanos también podemos tomar posición al respecto y actuar en consecuencia. Ante cualquier sospecha podemos realizar la denuncia correspondiente, no es necesario tener pruebas del delito. La línea 145 de atención y orientación a víctimas de trata recibe denuncias incluso anónimas. En los últimos dos años registró más de cinco mil denuncias, de las cuales más del 60% fueron anónimas. Esta línea es atendida por profesionales especializados que se encargan de evaluar e iniciar las investigaciones correspondientes.
La denuncia además de una obligación jurídica es el compromiso real hacia la erradicación de la trata, posibilita el reconocimiento y la protección de las víctimas a quien le fueron vulnerados sus derechos. Los Estados tienen una deuda pendiente que es hora de saldar.
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