«Si bien somos un país laico, somos un país de una cultura interreligiosa, que está representada en las iglesias y en sus líderes, y están reunidos hoy para aportar a nuestro país», expresó Duque en una conferencia de prensa conjunta con líderes religiosos, difundida por redes sociales.
Desde el Museo Nacional de Bogotá, el mandatario reconoció formas de violencia de la fuerza pública y también reivindicó su trabajo diario.
«Hay unos mensajes que han sido transmitidos con claridad. El mensaje del rechazo categórico a cualquier forma de violencia, a cualquier conducta, individualidad de la fuerza pública que vaya en contra de los ciudadanos, pero también el reconocimiento que se ha hecho de la labor que ellos mismos hacen todos los días por nuestro país», manifestó.
Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Elkin Álvarez, respaldó el llamado al diálogo y exhortó al Gobierno a «mantener y fortalecer los programas sociales para las personas en condiciones de vulnerabilidad».
Asimismo, los líderes religiosos exhortaron a «levantar los bloqueos que afectan a millones de familias colombianas, rechazamos cualquier abuso de parte de algunos miembros de la fuerza pública así como animamos y agradecemos que la misma ha hecho para garantizar las protestas pacíficas y la seguridad de todos los colombianos».
Esta reunión que se realizó bajo los llamados de organizaciones de derechos humanos contra la violencia y líderes internacionales a favor de la democracia, tuvo lugar un día después de que Duque se reuniera con gobernadores y definieran el establecimiento a partir de este lunes de espacios de diálogo regionales que serán lideradas por los mandatarios departamentales, con el fin de escuchar y atender a los diferentes grupos poblacionales en territorio.
En la declaración conjunta también se estableció que la «institucionalidad reconoce el derecho constitucional a la protesta pacífica y rechaza toda forma de violencia hacia los ciudadanos y la fuerza pública», según informó el portal Colombia.
Además, la cabecera del subte Portal Suba fue una vez más el punto de partida de la marcha pacífica de Madres y Comadres, en su lucha contra los asesinatos extrajudiciales y las personas que murieron desde finales del mes pasado.
En tanto, en el departamento Valle del Cauca, donde se encuentra Cali, que se convirtió en epicentro de la represión y los disturbios en los últimos días, la gobernadora Clara Luz Roldán declaró la urgencia manifiesta con el fin de “atender la situación excepcional causada por la alteración del orden público”, según recogió el diario El Espectador.
En Cali, la misión médica y humanitaria de los Scouts de Colombia, que atiende a la población en esta crisis social y de orden público anunció que se retira porque sus vidas están riesgo por disparos y ataques a la población civil de parte de hombres armados de las últimas noches.
«La misión médica se ve afectada en su totalidad y nuestros voluntarios se ven en grave riesgo de perder la vida», afirmó el director de la Fundación Equipo Scouts Walter Triviño, citado por el diario El Tiempo.
En tanto, en el municipio de Calima El Darién, el alcalde Martín Mejía denunció uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad cuando ya se había acordado con los manifestantes y la comunidad internacional un corredor humanitario para traslado de alimentos, oxígeno y medicinas, por lo que resultaron heridos dos indígenas emberas chamí y a un campesino de la población.
«Hago un llamado a respetar la vida. Estos muchachos no están armados y no tienen cómo defenderse. Esta no es la forma de hacer la paz», dijo Mejía, el mismo llamado de los alcaldes en el Valle, entre ellos, el de Cali, Jorge Iván Ospina, según replicó el periódico El Tiempo.
Hasta el sábado, un total de 548 personas habían sido denunciadas ante la Defensoría del Pueblo de Colombia y la Fiscalía como desaparecidas en medio de las protestas que se siguen multiplicando en todo el país desde hace 11 días en rechazo a las políticas del Gobierno, aunque 189 ya fueron localizadas.
El informe también señaló que 27 personas fueron asesinadas durante las movilizaciones y que 11 están «ligadas directamente a los hechos», mientras que siete homicidios «están en verificación».
No obstante, según Omar Moreno, director de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores, hasta el 6 de abril pasado se habían reportado 37 asesinatos, de los cuales 28 tuvieron lugar en Cali, además de más de 1780 casos de violencia, 1180 detenciones arbitrarias, 31 personas con mutilaciones oculares, 15 agresiones sexuales de mujeres por parte de las fuerzas públicas.
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