“Sin debido proceso, no hay justicia, hay persecución”

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que preside el escritor, investigador y periodista, Horacio Verbitsky, se pronunció duramente sobre las medidas tomadas por el juez federal Claudio Bonadío, contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros ciudadanos argentinos.

Mediante un comunicado dado a conocer este jueves, el Cels saeñala que “desde hace meses, el juez federal Claudio Bonadío impulsa una causa paralela irregular por la firma del memorándum con Irán. Hoy (jueves), procesó con prisión preventiva a la ex presidenta Fernández de Kirchner, al ex canciller Héctor Timerman y otras cuatro personas, por los delitos de traición a la patria y encubrimiento”.

La entidad defensora de los derechos humanos, indica que Bonadío utiliza como argumento para la prisión preventiva la llamada “doctrina Irurzun”: sostiene que los imputados, por haber sido parte del gobierno, pueden entorpecer la investigación o fugarse, o que tendrían “nexos” para hacerlo, sin elementos concretos que den cuenta de que esto sea realmente así.

“Este tipo de argumentación genérica, sin base constitucional –advierte el CELS-, viola lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Loyo Fraire y los estándares de prisión preventiva del sistema interamericano de derechos humanos”.

En tal sentido, la organización que preside Horacio Verbitsky sostiene que “si no se cumple con los parámetros objetivos de los riesgos procesales, la prisión preventiva es una medida desproporcionada e ilegal que atenta contra los principios del debido proceso e implica una violación de las garantías constitucionales. Si no hay debido proceso, se trata de una instrumentalización del sistema penal para perseguir a opositores políticos”.

Antes de finalizar, el pronunciamiento del CELS asegura que “la investigación del atentado a la AMIA es la historia de la degradación de la justicia federal argentina. La construcción de impunidad caracterizó desde el primer momento la respuesta judicial. Veintitrés años después, las víctimas siguen esperando que avance la causa que debe investigar lo que ocurrió mientras el juicio en el que se investiga el encubrimiento trascurre sin que se le preste mayor atención. En 2004, las víctimas aceptaron la nulidad del juicio oral en el que se acusó de forma irregular a un grupo de policías: siempre buscaron justicia con debido proceso”.

Por último, el CELS afirma que “la causa impulsada por Bonadío es una expresión más de la utilización política del atentado y de las arbitrariedades y violaciones al debido proceso que se justifican en una supuesta lucha contra la impunidad”, finaliza el comunicado.