Rionegrinos contra la ubicación de la central nuclear

Concejales de Viedma recordaron que la ciudad es zona no nuclear desde el año 1991. La misma situación se manifestó en San Antonio Oeste.

En tanto, una campaña de rechazo a la iniciativa ya lleva 13 mil adhesiones de vecinos de la región.

La confirmación por parte del subsecretario de Energía Nuclear de Nación, Julián Gadano, respecto a la ubicación de la central nuclear de Río Negro en la Costa Atlántica, en el marco de un acuerdo establecido con el gobernador Alberto Weretilneck, sembró polémica en diversos municipios locales.

En este contexto, concejales de Viedma le recordaron al gobierno provincial que la ciudad capital se declaró zona no nuclear desde el año 1991, por lo que no es posible el asentamiento de una central nuclear dentro de ese radio, tal como está previsto.

Elevado por los bloques del Frente para la Victoria, Unión Cívica Radical y Frente Progresistas, el recordatorio, hace referencia a la Ordenanza Nº 2702, aún vigente, que declara que una central nuclear “entraña riesgos y peligros de imprevisibles consecuencias para la vida humana y su medio ambiente, amenazando la paz y la tranquilidad social allí donde se desarrolla y planteando interrogantes insolubles acerca de sus efectos al escapar del control humano”.

En tanto, una situación similar se da en San Antonio Oeste. En la Carta Orgánica de la ciudad del Golfo, también se prevé el no emplazamiento de una planta nuclear, específicamente en su artículo 17.

Allí, se detalla que «el Municipio, en coordinación con otras autoridades de aplicación, controla legal, técnica y metodológicamente la manipulación, el uso, la producción o el transporte de sustancias o insumos nucleares y de cualquier otro origen que bajo determinadas circunstancias pongan en peligro la salud, la vida de la población y el ecosistema”.

A la parte de estas expresiones, la reconocida organización ambientalista, Greenpeace se hizo eco de la iniciativa y elaboró una petición para que el gobernador Alberto Weretilneck retrotraiga su decisión, que ya lleva 13 mil firmas.

La ambientalista rionegrina, Jennifer Cerezuela es la autora de la solicitud que se elevó en la plataforma Hagamoseco.org y allí planteó que el emplazamiento de la planta “por más medidas que se tomen de seguridad, es un riesgo para la vida de las personas como del ambiente”.

En tal sentido, añadió “Nuestros ríos serán contaminados, el aire será distinto. Ríos donde cada fin de semana, incluso los días de semana, la gente se baña y comparte junto a su familia y amigos. ¿Por qué va a hacer algo que la gente no quiere? También es nuestro pueblo y no sólo de usted. Usted nos representa pero el pueblo, somos todos”.