Ayer, la Gendarmería Nacional ingresó de manera irregular y violenta al territorio de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia en Cushamen, provincia de Chubut.
Como ya ha ocurrido en otras ocasiones recientes, la Gendarmería desplegó un operativo violento, disparó balas de plomo y de goma, no tomó ninguna precaución para proteger a niños y niñas presentes en el lugar y tuvo un proceder inexplicable que incluyó la quema de objetos pertenecientes a las familias, como sus ropas y mantas, acciones que tienen como único fin el amedrentamiento de sus integrantes.
En el marco de este operativo, tres miembros de la comunidad fueron detenidos sin ninguna justificación y trasladados a una comisaría donde permanecieron durante varias horas. Además, desde el momento del operativo no se conoce el paradero de Santiago Maldonado, quien acompañaba los reclamos de la comunidad.
Estos operativos y la criminalización de la Comunidad son avalados por el Ministerio de Seguridad de la Nación, tal como se desprende de las declaraciones radiales de Pablo Noceti, jefe de gabinete de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El lunes había tenido lugar una represión de una protesta que los integrantes de la comunidad realizaban en las puertas del juzgado federal de Bariloche en reclamo por la detención arbitraria de Facundo Jones Huala, justificada en una segunda causa de extradición idéntica a la que está pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La manifestación fue reprimida por la Gendarmería Nacional y el Grupo Especial de Asalto Táctico de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con disparos de balas de goma al cuerpo de los manifestantes; nueve personas fueron detenidas y muchas resultaron heridas.
No es la primera vez que ocurren hechos de este tipo. A principio de año, distintas fuerzas de seguridad reprimieron a la comunidad en tres operativos violentos, que ocasionaron heridos y que pusieron en riesgo la vida y la integridad de sus miembros. También está probado que integrantes de la comunidad fueron objeto de actividades de inteligencia ilegal en 2015.
La reiteración de estos episodios que limitan el ejercicio del derecho a la protesta y amedrentan a la comunidad muestra un ensañamiento particular contra esta comunidad y sus reclamos.
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