Correo Argentino, Odebrecht y la Justicia

Se trata de la vinculación existente entre el Meinl Bank, propiedad de Oderbrecht, que compró creditos relativos a la deuda de Correo Argentino contra sus propios intereses para beneficiar al Grupo Macri.

 

 

 

El escandalo del intento de auto condonación de la deuda de 70 mil millones de pesos del presidente Mauricio Macri al Estado Nacional relativa a la deuda de Correo Argentino, continúa con sus ramificaciones en la Justicia. Por otro lado, el Gobierno se encuentra  en alerta por cualquier denuncia que pueda salpicar al entorno presidencial relativa a las coimas de Odebrecht. Es que el primo presidencial, Ángelo Calcaterra, se encuentra comprometido por reuniones realizadas para el arreglos de coimas entre Odebrecht y su empresa constructora, IECSA.  Además, el actual titular de la AFI y amigo personal de Macri, Gustavo Arribas, fue señalado en dos ocasiones por el ex lobista, Leonardo Meirelles, de haber recibido transferencias para el pago de sobornos.

En ese contexto, la titular de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, emitió dos nuevos dictámenes relativos a la investigación de la deuda del Grupo Macri el Correo Argentino con el Estado Nacional.  En esta instancia, los dictámenes de Boquín profundizaron en nuevos aspectos que vinculan la deuda de Correo Argentino con el escándalo de corrupción internacional del momento: las denuncias sobre las coimas pagadas por la empresa de construcción Odebrecht. 

En el 2010, el gigante de la construcción carioca compró el 51% de las acciones el Meinl Bank, que entre otras cosas adquirió por 400 millones de pesos los créditos que el banco interamericano de desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (CFI) habían cedido Meinl Bank.  El banco propiedad de Oderbrecht  compró créditos relativos a la deuda del Correo Argentino a valores irrisorios aceptando que le paguen a 15 años. Al mismo tiempo acompañaron todos los pedidos de prorrogas de periodos de exclusividad. Las acciones llevadas a cabo por el Meinl Bank de Oderbrecht fundamentan indicios que marcan la relación beneficiosa entre Correo Argentino SA del grupo Macri con Oderbrecht, a través de la intermediación del banco.Los indicios de la relación se fortalece con el dato que expone a Odebrecht como uno de los aportantes de la campaña electoral de Mauricio Macri en el 2015. Además, el banco se encuentra investigado por la Justicia Brasileña como un instrumento del gigante carioca para pagar 1600 millones de dólares en sobornos. En su presentación judicial, Boquín afirma que “resulta llamativo que en el periodo de exclusividad, originariamente concedido a la concursada, ésta no haya podido avanzar con las negociaciones con sus acreedores para obtener sus conformidades.”

 

La deuda del Correo

Por otro lado, en un nuevo dictamen relativo a la deuda del Correo Argentino, Boquín cuestionó fuertemente el pedido del Estado Nacional sobre la suspensión de todos los plazos en la causa por el término de 120 días. El pedido del Ejecutivo Nacional busca justificación en el tiempo requerido por la Procuración del Tesoro para expedirse sobre el tema. También esgrime el informe que debe elaborar la Auditoría General de la Nación. Dichas intervenciones se producen a raíz del decreto que reglamenta la Ley Nacional 25188 y que establece un nuevo procedimiento en caso de conflicto de interés. Más allá de lo cuestionable de aplicar una norma de manera retroactiva, el planteo confirma las polémicas actuaciones de los representantes del Estado Nacional en el proceso, señalando el mismo peticionante «las suspicacias generadas en los últimos días respecto de las actuaciones» realizadas en el expediente.

La magistrada hace énfasis en las violaciones sistemáticas de las normas concursales por parte de los intervinientes. Apunta claramente que «las normas concursales no son disponibles ni modificables -aún de común acuerdo- por las partes».  En virtud de lo descripto, el dictamen presenta de manera detallada las complicidades entre la concursada (Correo Argentino SA) y sus acreedores, en particular en la figura de sus representantes que, en palabras de la fiscal, “se encuentran vinculados a los mismos intereses económicos.”

Ejemplos de esta situación son los distintos apoderados partícipes del proceso. Diego Martin Teglia, el máximo representante de acreedores (51 en total) actuó junto a Claudio Lehmann (representante de 33 acreedores) y Fernando Gabriel Carnevale en otro expediente, donde les regularon honorarios de manera conjunta. En otras palabras, son socios. De todas maneras, dicho vínculo excede lo jurídico-comercial y se amplía con el ejercicio de los tres de un lugar en el directorio del Correo Argentino. Los nexos se amplían si se suma a German Gabriel Carnevale, hermano de Fernando, representante de 19 acreedores y también integrante del directorio de la concursada. En esa línea también se remarca la figura de Susana Alicia Piantelli que, además de representar a 44 acreedores (la segunda en cantidad después de Teglia), es gerente en el estudio jurídico de Jaime L Kleidermacher, representante de Correo Argentino SA.

A lo que intenta echar luz la fiscal con estas vinculaciones es a las complicidades dentro del proceso. Complicidades que permitieron el estado de excepción planteado por Boquín y que ha generado la pérdida de interés y la resignación de los acreedores en beneficio de la deudora. Pero para esto, también se señala en el dictamen la complicidad tanto de la justicia, que permitió el estado de las actuaciones, como del Estado Nacional en su carácter de acreedor principal. «El proceso del concurso preventivo se encuentra minado de un sinnúmero de irregularidades, muchas de ellas se realizaron violentando el orden público concursal, retrotrayendo el proceso a etapas iniciales precluídas (finalizadas). Trece (13) años de un proceso estéril, sin resultado, prolongado contra legem omitiendo principios tales como igualdad ante la ley -al concederse plazos extraordinarios extraños a otros justiciables-, debidos proceso, cosa juzgado y preclusión procesal.»

En ese sentido, la fiscal es concluyente al señalar que «nos encontramos ante un proceso que por el paso del tiempo ya no sirve para sus fines y en el que se diluye el valor de los créditos, incumpliéndose con la normativa vigente.