Este conjunto de medidas acumula un costo fiscal estimado de $85.700 millones (de los cuales poco más de $32.000 millones es pérdida de recaudación para las provincias), equivalente a solo el 0,3% del PIB y que excede el umbral de tolerancia de políticas de contención social del FMI (para el cual solo computan el aumento del Progresar y el bono de la AUH).
Una pregunta que resonó estos días es si las medidas anunciadas estaban destinadas a morigerar los efectos de la devaluación y la consecuente aceleración inflacionaria, o su principal objetivo era el de tratar de recuperar una parte del electorado a través de políticas focalizadas.
Si analizamos por los diferentes sectores sociales que se benefician de estas medidas y ponderamos la magnitud de cada una de ellas parece quedar claro que el gobierno se inclinó más por el segundo objetivo.
De los $85.700 millones estimados de este paquete, casi el 90% va a la clase media y media alta, mientras que poco más del 10% se destina a los sectores vulnerables y clase media baja.
CASI EL 90% DEL PAQUETE FISCAL SE DESTINA A LA CLASE MEDIA Y ALTA
En % del costo fiscal total de las medidas
EL SESGO PRO-RICO DEL PAQUETE DE MEDIDAS FISCALES
Beneficio total en pesos y cantidad de beneficiarios en millones de cada de cada medida
En este contexto, hacia el final de la semana post PASO el gobierno hizo un nuevo anuncio para tratar de equilibrar el impacto distributivo de este primer paquete.
La principal falla conceptual de la medida radica en que supone libre competencia en la venta final de estos productos, y que toda la comercialización se produce en el mercado formal (cuando gran medida de las compras se produce en comercios de cercanía mediante ventas en negro).
En caso de que no haya libre competencia o existan arreglos colusivos (como es de esperar en las grandes cadenas de supermercados), la rebaja de IVA generará una recomposición del marckup y no una reducción del precio final.
Por otro lado, las principales fallas de diseño e implementación de la política tienen que ver con la imposibilidad de evaluar su impacto al no contar con un precio base (sobre todo en un contexto de aceleración inflacionaria) y la imposibilidad práctica de reducir el IVA de todas las etapas de la cadena de valor de cada producto, lo que implica aplicar la alícuota 0% solo sobre el eslabón final de la cadena.
De este modo sólo se evita el impuesto del valor agregado en la última etapa de comercialización.
Para poner un ejemplo, si en el último eslabón de la cadena el valor agregado es de 50% sobre el precio, y el producto ya tenía alícuota reducida del 10,5% de IVA, entonces el impacto sobre el precio debiera ser, en el mejor de los casos, de una reducción del 5%.
El macrismo nos ha enseñado que no hay peor heterodoxo que un ortodoxo asustado.
El gobierno sigue improvisando parches sobre un modelo económico que ha fracasado.
En el corto plazo, la mejor noticia para el poder adquisitivo de la población sería una estabilización de la crisis cambiaria. Sin esta condición, el efecto de cualquier política de compensación de ingresos estará destinada a licuarse rápidamente en el tiempo.
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