De no prosperar la medida, dejaría a las comunidades sin protección jurídica ante los desalojos de sus territorios ancestrales. Este jueves, a las 9:30, el Senado tiene previsto tratar el tema en Comisión.
Miembros de la Comisión de Población y Desarrollo Humano del Senado de la Nación informaron hoy que el proyecto para prorrogar la Ley de Comunidades Indígenas N° 26.160 sigue en la orden del día para tratarse mañana a partir de las 9:30 horas, pero sólo se va a confirmar su tratamiento en la reunión de labor parlamentaria.
La Comisión está presidida por la senadora nacional por Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur, Miriam Ruth Boyadjian, integrante del bloque Movimiento Popular Fueguino.
Las comunidades, organizaciones de pueblos originarios y de defensa de sus derechos, consideran que los gobiernos nacional y provinciales no están interesados en que el proyecto prospere. Por lo tanto, hoy se intensificó la campaña vía e-mail y Twitter solicitando a los senadores y hasta el presidente de la Nación, Mauricio Macri, la prórroga de la ley.
La ley, que pierde vigencia el 23 de noviembre próximo, frena los desalojos a comunidades indígenas que tradicionalmente habitan en sus territorios ancestrales y exige el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras, cuya dirección está a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). A pesar del tiempo transcurrido, distintas comunidades aborígenes aseguran que todavía no se cumplió con ese objetivo, con más del 40% fuera del registro.
La Ley de Comunidades Indígenas N° 26.160 se sancionó y promulgó en noviembre de 2006, se prorrogó en 2009 y en 2013, y, pese a que tiene limitaciones evidentes, de no prolongarse su vigencia dejaría a las comunidades indígenas sin protección jurídica ante la posibilidad de un desalojo.
El INAI informó que en agosto de 2016 elaboró un Proyecto de Ley de Prórroga, aunque hasta el momento no lo presentó al Congreso de la Nación. En cambio, diversas organizaciones de derechos humanos impulsan proyectos que solicitan la prórroga hasta noviembre de 2021 y han entregado peticiones tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados.
Existe un orden jurídico nacional, provincial e internacional basado en el derecho consuetudinario indígena. El reconocimiento de la preexistencia a la formación del Estado argentino que menciona el Convenio 169 de la OIT está contemplado en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos; (…) reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos…”.
Sin embargo, la mayoría de las comunidades indígenas del país no cuentan con el reconocimiento legal de sus tierras, situación que deriva en violentos desalojos por parte de fuerzas de Seguridad. Luego, los territorios se venden a empresarios locales y extranjeros, que los adquieren con fines agropecuarios, petroleros o mineros.
Según información proporcionada por el Estado, hay 1532 comunidades identificadas en la actualidad por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena (RETECI). De ese número, han iniciado el proceso de relevamiento 759 comunidades, esto es, apenas un 49% del total. De ese parcial total (759), solo 459 comunidades cuentan “con resolución”, que el INAI identifica como relevamientos “culminados”, y en relación a los cuales, “en los casos que corresponda, reconoce la ocupación actual, tradicional y pública”. Pese a estar concluidos en la práctica, si bien se elabora una “carpeta” con todo el material, no solo no se avanza en la titulación ni entrega de títulos, sino que muchas veces siquiera se conoce el destino de esas carpetas, informó en un documento Amnistía Internacional Argentina.
A continuación, algunas de las organizaciones que solicitan la prórroga de la Ley 26.160:
Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES)
Acceso a la Tierra (CEPPAS / GAJAT)
Amnistía Internacional Argentina (AIAR)
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Centro de Políticas Públicas para el Socialismo / Grupo de Apoyo Jurídico por el
Comunidad indígena El Mollar (Pueblo los Tafíes)
Confederación Mapuche de Neuquén
Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires
Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA)
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Fundación Asociana
Instituto de Cultura Popular (INCUPO)
Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales (OPPLeC)
Parlamento Mapuche
Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF)
Red de Investigadores sobre Genocidio y Política Indígena
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)
Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán (UPNDT)
Petitorio
Amnistía Internacional Argentina (AIAR) impulsa un petitorio en el que solicita que el Congreso de la Nación prorrogue la Ley de Emergencia 26.160 hasta noviembre de 2021. A continuación, el enlace para firmar.
https://amnistia.org.ar/ciberaccion-detalle/?id=148
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