La abogada Graciana Peñafort citó algunos artículos de la Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, sancionada en noviembre de 2015, para dar cuenta de los delitos que comete el Gobierno Nacional al transferir acciones de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ArSat). En este sentido, Peñafort hizo referencia, en primer lugar a los artículos 8 y 10 de esta norma, que establecen que se encuentra “prohibida su transferencia y/o cualquier otro acto o acción que limite, altere, suprima o modifique su destino, titularidad, dominio o naturaleza, o sus frutos o el destino de estos últimos, sin previa autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación”, como así también la utilización de sus recursos; y que estas modificaciones necesitan la mayoría agravada de las y los legisladores nacionales.
Esta norma que establece el Plan Satelital Geoestacionario Argentino, determina que es de “interés nacional el desarrollo de la industria satelital como política de Estado y de prioridad nacional, en lo que respecta a satélites geoestacionarios de telecomunicaciones”. Peñafort sostuvo que “Las órbitas geoestacionarias son un recurso crucial para las comunicaciones de un país y son un recurso limitado y valioso” y que “son recurso natural limitado, ya que existen restricciones a la cantidad de satélites que pueden ubicarse en dichas órbitas”.
“En los 90, las valiosas órbitas que tiene asignada la Argentina fueron privatizadas en una escandalosa contratación con Thales Spectrum”, afirmó la abogada en relación a la causa en la que estuvo procesado el ex secretario de Comunicaciones Germán Kammerath. Además, recordó que el 17 de octubre de 2005 el Secretario de Comunicaciones de entonces, Guillermo Moreno, se perdiera el derecho de uso de órbitas, a través de la compra de un satélite canadiense bautizado “Pueblo Peronista”.
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