Media sanción a la prórroga de la ley que prohíbe los desalojos indígenas

Este miércoles el Senado votó por unanimidad extender el plazo de la ley 26.160 sancionada en 2006.

 

Esta legislación declara la emergencia territorial y plantea el relevamiento de las tierras en disputa entre comunidades indígenas y el Estado o particulares, al mismo tiempo que suspende los desalojos mientras esté vigente.

Hasta el día de hoy ha sido prorrogada de manera sistemática ya que nunca cumplió con el tiempo estipulado -que originalmente era de tres años- para llevar a cabo el registro correspondiente.

La aprobación se da en medio de la polémica en la cual el gobierno, con respaldo de algunos medios de comunicación, viene acusando al pueblo Mapuche por el reclamo de tierras patagónicas. Por este motivo se encuentra detenido el lonco (jefe) Facundo Jones Huala y por su libertad se estaba reclamando el día de la desaparición de Santiago Maldonado.

Ahora la ley deberá girar a la Cámara de Diputados donde será tratada la semana próxima. Dado el consenso alcanzado en la Cámara alta se prevé que será aprobada sin mayores inconvenientes.

¿Por qué la ley debe seguir vigente?

Debido a la ofensiva gubernamental contra los pueblos originarios, se temía que la legislación no fuera prorrogada antes de su vencimiento en el mes de noviembre. Por ese motivo distintas comunidades indígenas instalaron una carpa frente al Congreso de la Nación para concientizar sobre la situación.

Es que “la falta de regularización de las tierras de comunidades indígenas es la gran causa de todos los conflictos”, como sostuvo hace un mes el abogado especialista en derecho indígena, Eduardo Hualpa.

Hualpa también había planteado sus dudas respecto a la voluntad del actual gobierno de prorrogar la legislación ya que desde que asumió Mauricio Macri “la mayoría de los trámites y convenios con provincias para el relevamiento se han congelado”. El macrismo cambió todo el personal político y técnico. Pero a su vez, “los convenios con las distintas entidades que llevaban adelante el relevamiento en cada provincia también han terminado. No se renovaron los plazos ni se establecieron nuevos convenios”.

Por su parte la doctora en Antropología de la UBA, Florencia Trentini, explicó a RT en Español que en total hay más de 1.500 comunidades identificadas por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (RETECI), que depende del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Sin embargo solo en 759 se hizo algún tipo de relevamiento. “Cerca del 49% de las comunidades” de las cuales “solo 459 cuentan con una resolución del INAI que considera los relevamientos terminados”.

La antropóloga detalló que “otras cientos tienen los relevamientos iniciados pero no terminados” y, por lo tanto, si no se prorroga la ley “más del 50% de las comunidades inscriptas en el registro quedarían en una situación de vulnerabilidad jurídica, pudiendo ser desalojadas de sus territorios”.