En horas de la mañana del pasado viernes se conoció un fallo de la Cámara Nacional del Trabajo que ordenaba la reinstalación de un grupo de trabajadores. Casi en simultáneo, otro fallo ordenaba suspender la Resolución del gobierno de Vidal que obligaba a los docentes trabajar en el receso escolar. Ambos fallos favorecen posiciones de los trabajadores y son buenos ejemplos para comprender por qué el gobierno se empeña en atacar a la Justicia del Trabajo.
La ofensiva sobre los trabajadores se redobla y profundiza. Gobierno y empresarios hacen la tarea para alcanzar su objetivo de “bajar costos laborales”. El gobierno continua atacando y estigmatizando a los trabajadores. Los empresarios, avanzan con despidos, suspensiones y con la imposición de rebajas salariales y peores condiciones de trabajo. Cuando los trabajadores se resisten, cierran las plantas y dejan a cientos de familias obreras en la calle.
El operativo represivo que desalojó a los trabajadores de Pepsico que se encontraban resguardando los medios de trabajo es un capítulo más de esta ofensiva. El desalojo fue rápidamente justificado por los bufones del poder que hacen de periodistas. Durante la tarde del jueves, en televisión y radio, voces serviles y genuflexas militaron incansablemente que la medida era legal, que según la ley si un empresario paga las indemnizaciones tiene derecho a despedir y un largo etcétera.
El viernes por la mañana, un fallo judicial de la Cámara Nacional del Trabajo perforó ese argumento, al ordenar la reincorporación de un grupo de trabajadores despedidos. La base del fallo remite a la Ley Nacional de Empleo, que obliga a las empresas a iniciar el Procedimiento Preventivo de Crisis que supone una negociación con la organización sindical para frenar o dilatar en el tiempo la pérdida de puestos de trabajo. Para que el Procedimiento avance, la empresa debe demostrar que está en crisis presentando documentación que lo pruebe.
El argumento del fallo, es que no hay constancia de las negociaciones que supone el Procedimiento Preventivo de Crisis. Entonces, según el Poder Judicial, el cierre de Pepsico no es legal – o al menos, no es obviamente legal.
Casi simultáneamente, otro fallo, esta vez del Juez Arias, hizo lugar a la medida cautelar presentada por los sindicatos docentes de la Provincia de Buenos Aires, ordena la suspensión de la Resolución del Gobierno Provincial que obligaba a ciertas escuelas a abrir durante las vacaciones de invierno. El Gobierno presentaba la medida como un plan para recuperar días de clase perdidos por los paros. Esta orden desbarata otra bravuconada del Gobierno Provincial sobre los docentes.
Fallos de esta naturaleza, que contribuyen a deslegitimar las medidas y los argumentos del gobierno, los empresarios y sus voceros; son los que explican el furibundo ataque de los funcionarios contra la Justicia del Trabajo y los abogados laboralistas y no dejan lugar a dudas sobre el verdadero carácter de estos ataques.
La deslegitimación de la Justicia del Trabajo es otra manera de “remover obstáculos” para el accionar discrecional y arbitrario de los empresarios, ávidos de recomponer su rentabilidad.
En una batalla tan desigual, este tipo de fallos no son menores, ayudan a construir la correlación de fuerzas y son herramientas válidas para soportar las embestidas patronales en el camino de organizar la defensa de los puestos de trabajo, el salario y las condiciones de vida de la clase trabajadora.
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