La ley busca garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y especial énfasis en cambio climático, para quienes se desempeñan dentro de la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
La norma coloca lo ambiental como un eje central en la toma de decisiones del Estado y del sector público.
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