Fernández reiteró que el Estado debe «regular servicios públicos para proteger al usuario»

El mandatario volvió a defender su decisión de declarar públicos y esenciales los servicios de telefonía, cable e Internet, al citar una publicación del secretario de Gobierno bonaerense, Federico Thea.

 

 

El presidente Alberto Fernández reiteró este domingo que el Estado debe «regular servicios públicos como tecnologías de Información y Comunicación (TICs) y celulares para preservar los derechos de ciudadanos y proteger al usuario».

Desde Twitter, el mandatario volvió a defender su decisión de declarar públicos y esenciales los servicios de telefonía, cable e Internet, al citar una publicación del secretario de Gobierno bonaerense, Federico Thea, quien calificó el rechazo a esa medida como «dogmático y corporativo».

«Lean con atención las observaciones de Thea. Es necesario que entendamos que el Estado debe regular servicios públicos como TIC’s y celulares para preservar los derechos de ciudadanos que necesitan acceder a los mismos. Proteger al usuario. De eso se trata», expresó el mandatario.

En su publicación, que también hizo en Twitter, Thea sostuvo que quienes creen en la política como «herramienta de transformación y, por ende, en el rol del Estado», tienen la «obligación» de defender la medida y «explicar una y mil veces su importancia y razonabilidad».

El funcionario bonaerense reseñó que «en diciembre de 2015» el ex presidente Mauricio Macri «derogó por DNU 267/15 la facultad del Estado de regular los precios de los Servicios TIC, prevista en la Ley Argentina Digital desde 2014, sin más necesidad y urgencia que aumentar las ganancias de sus empresas amigas a nuestra costa».

«¿La consecuencia fue mayor inversión y acceso a estos servicios? No, estas medidas ‘a medida’ de las grandes corporaciones desincentivaron la competencia y multiplicaron la rentabilidad», añadió.

Asimismo, el funcionario se preguntó: «¿Alguien puede dudar que hoy el acceso a Internet y a la telefonía celular son servicios esenciales y estratégicos, cuyo acceso universal debe ser garantizado por el Estado mediante herramientas regulatorias?».

«La declaración de ‘servicio público’ no es más que eso», dijo y añadió: «El rechazo a la facultad del Estado de incidir sobre los precios fijados a estos servicios desconoce que estas actividades ‘privadas’ usan de modo casi exclusivo un espacio propio del dominio ‘público’. Estas corporaciones funcionan gracias a autorizaciones estatales», concluyó.