Exigen la liberación de los manifestantes que protestaron contra la detención de Huala Jones

Organismos de Derechos Humanos, junto a estudiantes y docentes, se movilizan a Comodoro Py para exigir la liberación de las siete personas detenidas, ayer martes 4 de junio, frente al Palacio de Tribunales.

Durante la jornada de hoy, miércoles 5 de junio, prestarán declaración indagatoria ante la jueza federal María Servini de Cubría, las siete personas detenidas ayer en la protesta para pedir por la liberación del líder mapuche, Facundo Jones Huala, frente al Palacio de Tribunales. El referente del pueblo originario mapuche fue encarcelado hace una semana en Bariloche, Rio Negro. Al momento se encuentra llevando adelante una huelga de hambre a modo de protesta por la persecución judicial en su contra.

En este contexto, organismos de Derechos Humanos denunciaron que los detenidos en Tribunales sufrieron la represión por parte de efectivos de la fuerza de seguridad de la Ciudad. Las víctimas de la violencia policial que continúan aun demoradas son Rafael Di Paola, Roxana Discianni, Suyai Fleitas, Nicolás Rivero, Lázaro Spezzi, Claudio Contreras y Nicolás Diontuano, este último herido y trasladado al Hospital Argerich.

Gabriela Bonomi, militante del espacio Fogoneros y víctima de la represión, en diálogo con Agencia Paco Urondo relató durante la madrugada: “Tenemos tres compañeras detenidas en la comisaria de la Comuna N° 4 de Parque Patricios y cuatro compañeros en la Comisaría N°30 de Barracas. Si bien ingresaron a tempranas horas de la tarde aún no logramos que le den la libertad. Están interviniendo distintos organismos de derechos humanos pidiendo información sobre las causas. Lo que sí sabemos  es que se los acusa de intimidación pública, figura legal que data de la dictadura de Onganía, la cual se utilizó en la represión de la 9 de julio y ahora la vuelven a utilizar con estos compañeros.”

Además, Bonomi contó la forma en que las fuerzas de seguridad procedieron a reprimir con brutalidad a los presentes: “Hubo unos entredichos con la policía; liberamos la calle y luego realizamos una asamblea de finalización. Cuando nos estábamos retirando salieron oficiales de los móviles policiales  y empezaron una cacería para detener compañeros y compañeras. En los forcejeos para evitar que los detuvieran, cayeron otras personas y así es como llegamos a los siete detenidos. No nos reprimieron durante la actividad sino cuando la terminamos”.

A raíz de esta situación, la Asamblea de Estudiantes de la Tecnicatura de Música Popular Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, UNLP – Música Esperanza, emitió un comunicado donde denunciaron que los detenidos se encuentran “acusados falsamente de ´lesiones, intimidación pública y resistencia la autoridad. A su vez los estudiantes y docentes decidieron “la suspensión total de las clases y esta Asamblea de Estudiantes convoca a TODXS los estudiantes de otras casas de estudio” a movilizarse a los tribunales de Comodoro Py para exigir la liberación de los manifestantes detenidos.

“Una de las detenidas es compañera de la Tecnicatura de Música Popular – Madres de Plaza de Mayo, Linea Fundadora, UNLP y Música Esperanza. Por ello, hoy la Coordinación de nuestra carrera en conjunto con la Universidad de La plata, decidió la suspensión total de las clases y esta Asamblea de Estudiantes convoca a TODXS los estudiantes de otras casas de estudio a Comodoro Py (Comodoro Py 2002) a partir de las 15 hs para exigir por la liberación de Suyay y de lxs otrxs seis compañerxs detenidxs”, afirmó el texto de prensa.

Por otro lado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó un comunicado haciendo referencia a la grave situación, en cual se afirma que «las y los manifestantes están privados de la libertad desde hace más de 24 hs acusados del delito de ´intimidación pública´, entre otros. Esta figura penal también se utilizó contra los militantes sociales detenidos la semana pasada y agrava aun más la criminalización de quienes protestan: se utiliza de manera extensiva un tipo penal que no aplica a los hechos ocurridos y que expone a las personas a penas mayores.»
«Además, las personas permanecen incomunicadas, es decir que no pueden hablar ni siquiera con sus familiares; esta medida es arbitraria y desproporcionada y tiene un efecto intimidador mayor para las personas detenidas y sus familias y para todos los manifestantes», concluyó el comunicado.