La Cámara de Senadores de la Nación debatirá este jueves, en una sesión especial convocada por el oficialismo, la validez del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el Poder Ejecutivo para declarar como públicos y esenciales los servicios de telecomunicaciones.
El decreto fue dictaminado la semana pasada en la Bicameral de Trámite Legislativo sin la presencia de la oposición que se negó a asistir argumentando que la reunión de comisión había sido convocada sin la debida antelación reglamentaria.
El DNU declara servicio esencial a las denominadas “tecnologías de la información y la comunicación” (TIC) y congela las tarifas de la telefonía fija, celular, internet y televisión paga.
Además, establece que cualquier aumento tarifario deberá ser autorizado por el Gobierno nacional.
Los senadores también debatirán, en la sesión que se llevará a cabo desde las 15, el DNU 636/20 que dejó sin efecto su similar 522/20 que había dispuesto, el 9 de junio pasado, la intervención transitoria de la empresa Vicentin.
La medida original había generado una disputa entre el oficialismo y la oposición, pero el decreto que marcó su derogación fue respaldado por todas las fuerzas políticas.
Por otro lado, los senadores también le darán ingreso, al comienzo de la sesión, a 29 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para designar a nuevos jueces y defensores oficiales en diferentes juzgados de todo el país.
Asimismo, los senadores también debatirán sobre un proyecto de Ley por el que se crea el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes y otro que modifica la Ley de Educación Nacional incorporando en los contenidos curriculares los conceptos de ciberdelito, acoso virtual y la necesidad de protección de los datos personales en redes sociales y canales informáticos de los menores.
También fue incluido en el listado de temas un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que crea las Capitales Alternas de la República Argentina; y una declaración adhiriendo a la iniciativa de sostener el consenso para que la Presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sea ocupada -como lo ha sido durante toda su historia- por un representante latinoamericano.
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