El inicio de la jurisdicción porteña y bonaerense de ambas distribuidoras, en riesgo por viejos reclamos económicos

 

Edenor y Edesur contra el Estado

 

El traspaso de Edesur y Edenor a los ámbitos de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires promete abrir un fuerte polémica por la deuda cruzada que mantiene las empresas distribuidoras y el Estado nacional y que se remontan por lo menos al 2006.

Si bien en las últimas horas circularon versiones sobre un inminente acuerdo sobre estos viejos reclamos pendientes y que involucran una suma cercana a los $50.000 millones, entre multas impuestas por la Nación a las distribuidoras y no pagadas, y el supuesto atraso en los ingresos de Edenor y Edesur por los más de 12 años de congelamiento de tarifas que se iniciaron durante la presidencia de Néstor Kirchner y continuaron hasta el primer año de gestión de Mauricio Macri.

En las últimas semanas hubo negociaciones para destrabar el conflicto y avanzar de manera definitiva con el traslado de la jurisdicción de las concesionarias de distribución de electricidad a manos de Horacio Rodriguez Larreta y María Eugenia Vidal.

Tanto el jefe de Gobierno porteño como la gobernadora bonaerense firmaron en febrero pasado un documento para avanzar con el proceso junto al ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, y cumplir así la orden del propio Macri de desentender al Estado nacional de las cuestiones vinculadas con las políticas tarifarias y de control de ambas concesiones.

En ese marco, se estableció crear un organismo bipartito que reemplazará en sus funciones al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que hasta ahora era el encargado de monitorear la gestión de Edesur y Edenor, sus planes de inversión y de aplicar las normativas vinculadas al sector de la distribución y generación de energía.

El nuevo organismo funcionará bajo el nombre de Ente Metropolitano de Servicios Eléctricos (EMSE), y solamente tendrá jurisdicción en lo referido a la distribución eléctrica, mientras que el resto de las funciones se mantendrán bajo la órbita del ENRE.

Sin embargo, desde el ente recientemente creado deberán analizar las deudas y reclamos cruzados para encontrar una solución integral al problema y evitar que se judicialice el escenario. Más que nada porque desde las distribuidoras se cuestiona el retraso en cumplir con el acta acuerdo de renegociación de tarifas que en el 2005 firmó Néstor Kirchner y que nunca se llevó a cabo.

Desde una de las empresas advirtieron que cualquier acuerdo debe incluir el reconocimiento por parte del Estado nacional del incumplimiento de ese acuerdo de revisión tarifaria que debería haberse sellado en el 2006 y que marcó el inicio de la prohibición de recomponer los cuadros tarifarios y del deteríoro financiero y de caja que sufrieron las distribuidoras durante todo ese período.

«Si lo que buscan es netear el tema, saldando las deudas cruzadas no resolverán el problema de fondo, menos si analizamos que lo quieren hacer en un año electoral y con un país lleno de problemas», advierten en el mercado energético.

Desde la Secretaría de Energía en tanto, aclararon que el acuerdo será anunciado en los próximos días, pero evitaron adelantar información sobre el contenido del acta o de la fórmula elegida para saldar las deudas y reclamos cruzados.

Tampoco hicieron referencia a si la nueva etapa de jurisdicción que arrancan la Ciudad y la Provincia incluirá negociaciones por estas deudas o si el nuevo ente regulador comienza sus funciones de cero y con las cuentas saldadas.

Es posible que las distribuidoras logren el reconocimiento de parte de sus demandas a cambio de volcar más fondos a los planes de inversión en infraestructura y mejoramiento del servicio en los barrios y zonas que abarcan sus concesiones.

También existe la chance de que logren que el Estado nacional les condone la deuda que acumulan por las multas que el kirchnerismo les fue aplicando durante los de gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y que se justificaban con el mal funcionamiento del sistema y de los sucesivos cortes de energía sufridos por los clientes de Edenor y Edesur en esos años.

Pero las distribuidoras también recibieron fondos de parte de CAMMESA que no reintegraron al argumentar que la compañía mixta que regula el mercado mayorista energético también sumó millonarios montos impagos por el uso de esa energía.

De hecho, desde el ENRE estiman que la deuda de Edesur y Edenor solamente por no haber cumplido con el pago de las multas impuestas por el organismo, los préstamos para inversiones y por el uso de la energía superaba los $42.000 millones a fines del año pasado.

Sin embargo, las empresas se niegan a reconocer la totalidad de esta deuda bajo el argumento de que el gobierno kirchnerista pisó las recomposiciones tarifarias llevándolas a sufrir fuertes pérdidas y a tener que soportar una enorme volatilidad financiera que todavía mantienen en parte y a pesar de los últimos y fuertes aumentos en las facturas de la electricidad que permitió el gobierno de Cambiemos.

Falta entonces, conocer la posición de las autoridades en esta polémica que promete nuevos capítulos en los próximos días para terminar de definir de qué forma se iniciará el proceso de jurisdicción de la Ciudad y la Provincia en el sector de la distribución de electricidad.

Author: Pluma de Río

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