La Comisión de Asuntos Marítimos de la Cámara de Diputados nacional comenzó a tratar el proyecto de ley de humedales, aprobado el 30 de noviembre de 2016 en el Senado, informó la asesora parlamentaria María de los Ángeles Pérez. Por el momento, la iniciativa no contendría modificaciones y se volvería a debatir a fin de mes. De todos modos, deberá sortear los obstáculos que interponga el oficialismo, que no estaría de acuerdo con el avance del texto.
Pérez, asesora del presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, Julio Solanas (FPV, Entre Ríos), confirmó que el proyecto de ley comenzó a tratarse esta semana en reunión de asesores de la comisión de Asuntos Marítimos. Ahora, la iniciativa pasó para su tratamiento a los diputados, quien comenzarían su estudio en la última semana de junio.
Pérez adelantó que el proyecto no tiene modificaciones hasta el momento, pero no se descartan cambios entre los diputados.
Cabe aclarar que la iniciativa tuvo una primera instancia de debate entre los asesores de la Comisión de Asuntos Marítimos y, ahora, tendrá que someterse a estudio de los diputados integrantes de ese órgano. De avanzar, tendrá que tratarse también en la Comisión de Agricultura, a la cual tiene giro. Si se aprueba, estará en condiciones de aprobarse en sesión. De todos modos, el proyecto deberá sortear el escollo del oficialismo, que no estaría de acuerdo con el avance del texto.
La iniciativa establece los presupuestos mínimos para la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales.
Además, pretende preservar los beneficios ecosistémicos que brindan a la sociedad, entendiéndolos como espacios que dependen de la inundación constante o recurrente, o la saturación del sustrato en la superficie o cerca de ella.
De acuerdo a la normativa la autoridad nacional de aplicación, junto con las autoridades provinciales competentes, llevarán a cabo el registro de los humedales en un plazo no mayor a tres años.
El proyecto de ley es autoría de los senadores Fernando Pino Solanas (Proyecto Sur), María Magdalena Odarda (CC-ARI) y Jaime Linares (FAP-GEN).
La iniciativa perdido estado parlamentario en una oportunidad, y luego se volvió a presentar a fines de 2015. Recién a fines de 2016 obtuvo media sanción, luego de modificaciones y disidencias entre los legisladores.
Una de las modificaciones que generó más polémica entre la sociedad y organizaciones ambientalistas fue la eliminación de uno de los puntos más importantes que tenía el proyecto, y que preveía la cuestión de la moratoria. Este artículo estipulaba un plazo de cinco años a partir de la aprobación de la ley para llevar a cabo el ordenamiento. El peligro concreto es que mientras tanto se puedan impulsar actividades que produzcan daños difíciles de revertir. El ejemplo más claro es el de las actividades inmobiliarias sobre la región del delta.
Al quitar este punto de la ley habrá uno seis años en los que se podrán realizar actividades sin regulación.
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