El Pais

Diputados debate proyectos de VIH, cáñamo industrial e incentivo a la construcción

En el inicio de la sesión, la Cámara baja aprobó por 132 votos contra 114 una moción impulsada por Juntos por el Cambio para emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, para que se constituyan para debatir los proyectos para establecer la Boleta Única de Papel.

 

La Cámara de Diputados comenzó a sesionar a las 11.55 para debatir proyectos propuestos por las bancadas del Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) y que abordan cuestiones referidas a los tratamientos para el HIV, el cannabis medicinal e incentivos para la construcción.

En el comienzo de la sesión, la oposición solicitó votar un emplazamiento para que se traten en comisión los proyectos de Boleta Única, ante la imposibilidad de abordarlos sobre tablas, debido a que no reunen los dos tercios de los votos necesarios para ese requisito.

La moción fue aprobada por 132 votos contra 114, por lo que la Cámara baja emplazará a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, para que se constituyan para debatir -a partir del 11 de mayo- los proyectos.

La Cámara de Diputados buscará aprobar este jueves los proyectos de ley para promover la industria del cannabis y el cáñamo industrial, y el de blanqueo de capitales para activar la construcción, que contiene beneficios impositivos para los bienes no declarados, en el marco de una sesión cuyo temario fue consensuado entre el oficialismo y la oposición, incluido el abordaje integral del VIH.

Nueva ley integral de VIH, tuberculosis y hepatitis

La Cámara de Diputados debatía esta tarde el proyecto de ley de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual que propone un abordaje integral desde la salud colectiva y busca brindar contención e información para derribar prejuicios y situaciones de discriminación.

El proyecto, presentado por la diputada Carolina Gaillard (Frente de Todos), establece, entre otros puntos, la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar y erradicar las vulneraciones a los derechos de las personas afectadas, se debatía esta tarde con la presencia de referentes de organizaciones LGBTIQ+.

Al abrir el debate, la diputada socialista Mónica Fein, presidenta de la comisión de Acción Social y Salud, aseguró que «esta ley permite actualizar la ley 23.798, que después de 30 años debe modificarse. Hablar del VIH SIDA es hablar de una pandemia que se ha extendido por más de 40 años. Una pandemia que no siempre ha estado en el debate público”.

A su turno, el exministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán (Frente de Todos) afirmó que «esta ley viene a reparar un montón de cuestiones que tienen que ver con la protección integral de la salud, pero con una visión social de la medicina; de lo legal y de lo previsional».

“Celebramos que esta ley se esté tratando en el recinto, pero creemos que es perfectible. Tenemos que aumentar la cantidad de pruebas diagnósticas. Para poder hacer el tratamiento, necesitamos primero el diagnóstico”, dijo Gustavo Bacha Bouhid (Frente Cambia Jujuy), exministro de Salud de Jujuy.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de más de 200 instituciones y organizaciones civiles, plantea un cambio de perspectiva y pone foco en lo social, apuntando a mejorar la calidad de vida y prevenir muertes evitables.

Propone, además, que toda prueba para detectar esas patologías deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal, a la vez que promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quiénes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

De este modo, quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años.

El proyecto también promueve la capacitación, investigación, difusión de campañas masivas y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil con trabajo en estas patologías.

La integración de esta Comisión debe ser determinada por vía reglamentaria garantizando representación federal y de géneros.

También se propone un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación con el objetivo de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas.

Cannabis y cáñamo

El proyecto para promover la industria del cannabis y el cáñamo industrial, dictaminado el lunes último por las comisiones de Presupuesto y de Agricultura con acuerdo de la mayoría de sus integrantes, promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.

El objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del producto.

En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.

El proyecto contempla también la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame).

Esta iniciativa se convertiría en ley ya que cuenta con su aprobación por parte del Senado.

Incentivos a la construcción

En el caso del proyecto referido a los incentivos para fomentar la construcción, que permite disminuir impuestos en el marco específico de un blanqueo de capitales no registrados, el dictamen fue emitido por la comisión de Legislación General a partir de un consenso mayoritario.

En diciembre pasado finalizó la primera etapa de la prórroga y buscaron implementar la ampliación con el proyecto de Presupuesto 2022, que finalmente fue rechazado con el voto opositor en el recinto, por lo cual no se pudo extender este sistema para poder blanquear esos fondos con beneficios impositivos siempre que sean destinados para la construcción.

El proyecto de ley -que quedó en condiciones de ser debatido por el plenario de la Cámara- prorroga durante 180 días, y por única vez, la vigencia del Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y acceso a la Vivienda, que establece beneficios fiscales.

Sol Onzari

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