Denunciaron ante la CIDH el «incumplimiento» del Estado en el caso Milagro Sala

El CELS y ANDHES sostienen que no se cumplieron los plazos previstos para concederle el arresto domiciliario a la dirigente jujeña y cuestionaron «la decisión judicial impone restricciones que vulneran» sus derechos.

Un grupo de organizaciones denunció este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el «incumplimiento» del Estado argentino a la medida cautelar de ese cuerpo internacional que recomendó la prisión domiciliaria de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala.

La presentación la realizaron en forma conjunta Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES).

En un comunicado, las organizaciones resaltaron que «la CIDH había dispuesto que Milagro Sala no podía permanecer en la cárcel y había solicitado al Estado argentino que garantice su vida e integridad personal con medidas alternativas a la detención preventiva como el arresto domiciliario o bien, que pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica».

«El plazo que dio la CIDH para que se efectivicen esas medidas venció el 11 de agosto. Así, tras 14 días desde entonces, y a más de 580 días de privación de la libertad, Milagro Sala permanece detenida en la Unidad 3 de Mujeres del Servicio Penitenciario de la provincia de Jujuy, conocida como Penal del Alto Comedero», subrayaron las entidades.

Señalaron además que, al reglamentar el arresto domiciliario, los jueces intervinientes dispusieron «como lugar de detención de Sala una propiedad ubicada a unos 40 kilómetros de San Salvador de Jujuy, que fue completamente saqueada, que carecía de de agua corriente, de luz eléctrica y que no contaba con ventanas ni sanitarios».

Además, cuestionaron que «la decisión judicial impone restricciones que vulneran los derechos de Sala», ya que «limita sin justificación la cantidad de personas que podrían visitarla y encomienda su custodia a la Gendarmería Nacional, lo que está expresamente prohibido por la ley».