Denuncian “avanzada punitiva oficial” y criminalización de niños

En relación con las declaraciones de Esteban Bullrich sobre el “logro” del gobierno actual que “todos los días (hay) un pibe más que está preso”…

 

Desde la Red Argentina No Baja, “repudiaron enérgicamente los dichos del candidato a senador nacional por Cambiemos, Esteban Bullrich, en los que expresó como un logro del gobierno actual que “todos los días (hay) un pibe más que está preso”.

Desde la organización, manifestaron que “Bullrich, hasta hace unas semanas, ejercía uno de los cargos con mayor responsabilidad estatal en relación a los niños, niñas y adolescentes del país, siendo ministro de Educación y Deportes de la nación”.

“Estas declaraciones no pueden tratarse con liviandad ni como una excepción ya que están en concordancia con la avanzada punitiva oficial y mediática que actúa criminalizando a los niños y adolescentes, proponiendo bajar la edad de punibilidad para encerrar a chicos cada vez más chicos como supuesta solución a los problemas que las propias políticas neoliberales se encargan de producir”, subrayaron.

En un contexto de campaña electoral, “las declaraciones de Bullrich dejan claro el uso irresponsable, electoralista y demagógico que se hace de temas tan profundos y sensibles como la cuestión de la seguridad ciudadana y las políticas para nuestros niños y adolescentes”.

Asimismo, subrayaron que se invierten así las responsabilidades, las causas y los efectos al desestimar las responsabilidades estatales de garantizar derechos y educación para todos los niños y adolescentes, y proponen en su reemplazo la represión y el encierro como supuesta solución aun cuando la amplia mayoría de expertos consultados se manifestó en contra.

Por eso, desde Argentina No Baja, “repetimos que bajar la edad de punibilidad de los adolescentes constituye una medida que es ineficaz para solucionar la inseguridad, que incluso empeora la situación en vez de resolverla, que es inconstitucional porque es regresivo en términos de derechos humanos, y que culpabiliza a los adolescentes de los problemas que deben resolverse con la intervención del Estado social antes que penal.

Por qué no sirve bajar la edad (según la Red)

La propuesta de bajar la edad de punibilidad para lograr mayores niveles de seguridad, es una falacia ya que es ínfimo el porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes, y menos aún de 14 y 15 años. Como ejemplo, el último informe del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires indica que, en 2015, sobre 175 homicidios registrados en 2015 en la Ciudad solo 1 caso fue cometido por un adolescente menor de 16 años, mientras que 10 casos fueron cometidos por adolescentes entre 16 y 18 años (el 3,8 por ciento del total). Es ineficaz hacer una modificación sustancial en el Código Penal para incluir a una categoría de la población cuya incidencia estadística en las tasas de delito es ínfima.

Además, empeora la situación en vez de resolverla. Por la naturaleza de los delitos cometidos por los más jóvenes (delitos contra la propiedad y no contra las personas), aplicar políticas de endurecimiento penal es contraproducente. Los estudios sobre los países en los que esto se hizo muestran cómo estas políticas terminan reforzando y profesionalizando las prácticas delictivas en vez de disuadirlas.

También utiliza a los adolescentes como “chivo expiatorio” de las situaciones de violencia, violación de derechos, pobreza, delincuencia, abandono de políticas del Estado que en realidad son los primeros en sufrir. Se estigmatiza a los adolescentes pobres mostrándolos exclusivamente como delincuentes (dos de cada tres noticias en los medios que hablan de niños y adolescentes son policiales), cuando son los niños y adolescentes sobre los que más impacta la pobreza e indigencia, el recorte de las políticas educativas y de salud, la violencia institucional policial (son jóvenes las víctimas de gatillo fácil y quienes sufren hostigamientos, violencias y torturas cotidianas por parte de las fuerzas públicas en los barrios). Es necesario que el Estado garantice a todos los chicos educación, oportunidades concretas, trabajo para sus familias, promoción de sus derechos, las condiciones para que los adultos puedan ejercer su cuidado y protección.

La posible baja en la edad confunde sobre el fondo de la cuestión: Es necesario distinguir dos discusiones que en el debate público aparecen entremezcladas: Una es la necesidad de establecer un Régimen Penal Juvenil acorde a los principios y estándares internacionales en materia de niñez y adolescencia y derechos humanos, que derogue el actual decreto ley  22.278 dictado por la Dictadura en 1980, pues su vigencia constituye una situación de irregularidad que dio lugar a condenas de tribunales internacionales. Pero ello no implica de ningún modo bajar la edad de punibilidad. Un nuevo sistema penal juvenil respetuoso de los derechos y garantías de los adolescentes debe regir para la franja de 16 y 17 años.

Tomar esa medida sería inconstitucional, al violar el principio de no regresividad, que implica que no se puede retroceder en un derecho. En el caso de la edad de punibilidad, establecida en 16 años por el gobierno peronista en 1954, bajada a 14 durante la dictadura en 1980, y vuelta a establecer a poco de retornar a la democracia, en mayo de 1983, en los 16 años, volver a bajarla sería afectar los derechos de la franja de adolescentes de 14 y 15 años.

El Estado debe garantizar a los niños y adolescentes por mandato constitucional y convencional de derechos humanos, todos sus derechos. En los casos en que a algún niño, niña o adolescente se le imputara la presunta comisión de un delito, lo que debe aplicarse son políticas de promoción y protección de derechos previstas en la Ley 26.061 y en las leyes provinciales de protección, por su situación de vulnerabilidad. Proponer la baja de edad de punibilidad mientras se vacían, desfinancian y cierras todas las políticas públicas de inclusión, lejos de una solución a la sociedad, es una hipocresía.