El Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, aseguró hoy que «la idea es relocalizar a las personas en sus lugares de origen», en relación a quienes ocupan un predio en la localidad de Guernica, luego de que ayer la justicia pospusiera el desalojo para el 1 de octubre.
«Más allá de que no estamos de acuerdo que el tema esté judicializado, el juez tiene buena voluntad para acompañar las decisiones de la Provincia», expresó Lorenzino y destacó que «las personas están en la toma por una necesidad social, no por un delito».
Ayer, el juez de Garantías de La Plata con asiento en la localidad de Cañuelas, Martín Rizzo, pospuso el desalojo -previsto para hoy- al 1 de octubre o, supletoriamente, los días 2 y 5 de ese mes.
El magistrado hizo lugar a una presentación del ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, quien pidió que se adopte esa medida para «continuar negociando una salida sin violencia», con la asistencia de la Mesa de Articulación que integran organismos de la provincia de Buenos Aires y agrupaciones barriales.
Lorenzino, en declaraciones a El Destape Radio, sostuvo hoy que «la fecha es el 1 de octubre pero seguro va a llevar más tiempo» y manifestó que «la salida es de política pública».
«Planteamos la no judicialización de la toma y estamos en contra de la intervención de la fuerza de seguridad»
«Planteamos la no judicialización de la toma y estamos en contra de la intervención de la fuerza de seguridad», remarcó el Defensor y destacó que «los propietarios reclaman algo legítimo, que son sus terrenos, pero tienen que entender que esa respuesta no es inmediata».
En tanto, consideró que «los medios necesitan construir un imaginario de tomas masivas que no tiene nada que ver con la realidad» y añadió: «Hay muchos que la realidad los obligó a buscar un espacio. La necesidad es real. Puede haber algún pícaro, pero la necesidad es real».
La toma se desarrolla desde julio pasado en un predio de unas 100 hectáreas que fue ocupado por unas 2.500 familias y una Mesa de Articulación lleva diez días trabajando para lograr que el desalojo se realice en forma pacífica.
Esta mesa está compuesta por los Ministerios de Desarrollo de la Comunidad, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos; la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, la Subsecretaría de Políticas Sociales y los organismos de la Niñez y Adolescencia.
También participa la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, y unos 100 censistas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.
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