Un nuevo respaldo institucional cosecharon las comunidades indígenas de Tigre que desde hace casi una década demandan la restitución de restos óseos, sumándose a otros importante avances registrados en los últimos dos años.
En 2019, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, responsable de aplicar la Ley 25.517 de restitución de restos óseos, dictaminó a favor. En febrero de 2020, el intendente Julio Zamora expresó que sería “un acto reparador”. En junio pasado, el Concejo Deliberante declaró la petición de “Interés Legislativo Municipal”.
Ahora, el pasado 12 de noviembre, la Cámara de Diputados Bonaerense declaró de “Interés Legislativo el proceso de restitución de restos óseos de los pueblos originarios de Punta Querandí”.
El proyecto fue impulsado por la diputada provincial Roxana López, a partir de un pedido que le hicieron en el mes de junio las comunidades durante una reunión en Punta Querandí con el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI), organismo que también se comprometió a respaldar el proceso.
“Vamos a seguir trabajando para lograr este hecho de reparación histórica”, manifestó tras la aprobación la ex concejala tigrense, quien remarcó que son “restos óseos desenterrados de cementerios indígenas” y que el Estado debe “garantizar el respeto de las culturas y creencias de los pueblos originarios”.
Reunión en Punta Querandí con los responsables del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas y la diputada provincial Roxana López. Foto: Jorge Pericles
Con argumentos similares a sus pares tigrenses, la declaración de la Cámara de Diputados remarca que la restitución de restos óseos es “una forma de empezar a saldar la histórica deuda existente con las comunidades indígenas”, señaladas como “las primeras víctimas de un genocidio tanto en la época colonial como durante la etapa naciente del Estado Nacional”.
Así mismo, se especifica que el objetivo final es “dar sepultura a los restos donde las comunidades aborígenes consideren adecuadas de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente y sus creencias particulares”. Y advierte que “se han vulnerado sus derechos, creencias y culturas a través de grandes obras que se han realizado sobre los mentados territorios, tanto desde el sector público como del sector privado”.
Los fundamentos de la declaración menciona que los complejos de barrios privados Nordelta y Villa Nueva destruyeron dos sitios arqueológicos con enterratorios humanos (Arroyo Sarandí y Arroyo Garín), hechos reconocidos por organismos oficiales en 2001.
También identifica dónde se encuentran las trabas para la devolución de los cuerpos a sus lugares ancestrales: “Existen obstáculos de larga data en los funcionarios a cargo de gestionar el patrimonio arqueológico a nivel provincial y en el grupo de arqueólogos que tiene en su poder una parte importante de los esqueletos”, dice el proyecto aprobado.
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