La decisión judicial no tiene precedentes: se trata de la primera vez en la historia de Brasil que un ex presidente es condenado a prisión por corrupción. Además, el fallo salió en tiempo récord, ya que el mismo tribunal tardó un promedio de 16 meses para dictaminar en casos similares, y la decisión de Lula salió en menos de diez meses.
Lula está acusado de haber recibido sobornos por parte de la constructora OAS, en forma de un apartamento en el litoral paulista, entre otras ventajas. OAS era contratista asidua de Petrobras, y los sobornos habrían sido a cambio de contratos con la petrolera estatal.
El juzgado del juez Moro nunca pudo demostrar que el apartamento playero pertenezca al ex presidente o sus familiares, por lo cual sus defensores legales y políticos argumentan que el objetivo de la causa es inhabilitarlo para que sea inelegible. Lula está bajo investigación en otros cuatro procesos.
Según los investigadores del Lava Jato, Lula fue el jefe de un esquema de corrupción que funcionaba en Petrobras, y junto a OAS habría desviado cerca de 30 millones de dólares de la petrolera.
El Presidente Lula es inocente.
Durante más de tres años, Lula ha sido objeto de una investigación políticamente motivada. No se ha producido ninguna evidencia creíble de culpa, mientras que las pruebas abrumadoras de su inocencia son descaradamente descaradamente. Este juicio políticamente motivado ataca el estado de derecho de Brasil, la democracia y los derechos humanos básicos de Lula. Es una gran preocupación para el pueblo brasileño y para la comunidad internacional.
El Juez Moro ha dejado su sesgo y su motivación política clara desde el principio hasta el final de este proceso. Su juicio avergonzó a Brasil al ignorar evidencia abrumadora de inocencia y sucumbir a un sesgo político, al mismo tiempo que dirige violaciones continuas de los derechos humanos básicos y del proceso legal. El juicio prueba lo que argumentamos todo el tiempo – que el Juez Moro y el equipo del ministerio público en la lava jet fueron conducidos por la política y no por la ley.
El Presidente Lula ha sido víctima del lawfare, el uso de la ley con fines políticos, famoso método se ha utilizado con efectos brutales en varias dictaduras a lo largo de la historia. Este juicio político y tendencioso muestra cómo los recursos judiciales del presidente Lula se han agotado internamente y por qué ha sido necesario dirigir este caso al comité de derechos humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.
Nadie está por encima de la ley, pero nadie está por debajo de la ley. El Presidente Lula siempre ha cooperado plenamente con la investigación, dejando claro al Juez Moro que el lugar para resolver disputas políticas son las urnas, no las cortes de justicia. La investigación tuvo un impacto enorme en la familia de Lula, sin dejar de mencionar a su esposa Marisa Letícia, que murió trágicamente este año.
El proceso fue un enorme desperdicio del dinero de los contribuyentes y avergonzó a Brasil internacionalmente. Ahora es el momento de reconstruir la confianza en las leyes brasileñas y el Juez Moro debería alejarse de todas sus funciones.
Probaremos la inocencia de Lula en todas las cortes no tendenciosas, incluidas las Naciones Unidas.
Cristiano Zanin Martins y Valeska Teixeira Zanin Martins, abogados del ex presidente Lula.
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