La medida permite reducir hasta el 70% de los salarios durante cuatro meses. producto de los acuerdos entre empleados y empleadores, mientras que el Gobierno aporta como máximo el equivalente a 250 dólares para completar el sueldo, que de todos modos en ningún caso será del 100%.
La baja final del salario deberá estar acompañada por una reducción proporcional de la jornada laboral.
El decreto indica que el Gobierno abrirá un crédito extraordinario cercano a los 10.000 millones de reales (1.830 millones de dólares) para poder costear el programa, en el cual se espera que se inscriban unos cinco millones de empleados formales.
Además, la reducción o suspensión de los contratos laborales podrá extenderse por hasta 120 días.
En 2020, el Gobierno brasileño había dado inicialmente el mismo plazo cuando aplicó este sistema, pero acabó prorrogándolo dos veces, hasta un total de nueve meses, a fin de año.
Formalmente, la negociación dentro de las empresas es libre y el Gobierno solo impone multas si el empleador despide a un trabajador durante la aplicación del plan.
Los trabajadores que ingresen al plan recibirán una parte de su salario mediante el seguro de desempleo.
El decreto establece que las reducciones de sueldo y horas trabajadas podrán ser del 25, 50 o 75% y las empresas tendrán el beneficio de dejar de aportar al fondo de garantías, que es el seguro de indemnizaciones.
Según el Gobierno, el objetivo es «preservar el empleo y la renta, garantizar la continuidad de las actividades empresariales y el mantenimiento de la renta del trabajador y reducir el impacto social ante la paralización de las actividades y restricción de la movilidad en todo el país».
El desempleo en el primer trimestre superó el 14% de la población activa del país, que tiene a unas 50 millones de personas trabajando en la informalidad.
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