La Fiscalía solicitó este jueves la pena de 13 años de prisión para el ex juez Juan José Galeano y cuatro años para el ex presidente Carlos Menem, por su responsabilidad en el encubrimiento de la investigación por el atentado a la AMIA.
Asimismo, requirió 8 años de cárcel para los ex fiscales Eamón Mullen y José Barvacchia, y un año para el extitular de la DAIA, Rubén Beraja.
El fiscal Miguel Yivoff acusó a Menem por el delito de «inducción al encubrimiento», al haber presionado a Galeano para que no investigara al ciudadano sirio Jacinto Kanoore Edul por el atentado.
La acusación fue leída en el mismo momento que el ex presidente Menem ingresaba a la sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro PY.
«Instigado por el doctor Menem (Galeano) rechazó investigar a Kanoore Edul», dijo al acusar al expresidente.
La acusación se produjo esta tarde durante su alegato en el juicio oral y público por el encubrimiento en la investigación por el atentado a la AMIA, ante el Tribunal Oral Federal número 2 (TOF.2).
Además del ex presidente Carlos Menem, en este juicio se investigaron las responsabilidades del extitular de la SIDE, Hugo Anzorreguy (presente durante la audiencia), y del ex presidente de la DAIA Rubén Beraja, así como también de los fiscales del caso anterior, Eamon Mullen y José Barbaccia.
A su vez, también conocerán su pedido de condena los exagentes de Inteligencia Patricio Finnen y Carlos Anchezar, los expolicías «Fino» Palacios y Carlos Castañeda, más el reducidor de autos Telleldín, su exesposa Ana Boragni y quien fuera su abogado, Víctor Stinfale.
Los representantes del Ministerio Público -Yivoff y Roberto Salum- apuntaron en el tramo final de su alegato, antes de solicitar las penas condenatorias de la mayoría de los acusados, a las desviaciones en la investigación de la llamada «Pista Siria» en la causa encarada por el ex juez Juan José Galeano.
En esa línea, sostuvieron que a partir del conocimiento que el Juzgado de Galeano tomó respecto de las vinculaciones del ciudadano sirio Alberto Jacinto Kanoore Edul, propietario de la empresa de volquetes Santa Rita, uno de los cuales fue hallado en la puerta de la mutual judía tras la explosión, no se adoptaron medidas inmediatas para profundizar esa pista.
Fue así que en el domicilio de Kanoore Edul se encontró una agenda con el nombre y la dirección del por entonces agregado cultural de la embajada de Irán Moshen Rabbani, así como también de sus contactos con el vendedor de autos Carlos Alberto Tellendín.
Rabbani es el principal funcionario de la embajada iraní por el que pesa orden de captura internacional en relación con el atentado a la AMIA en el que murieron 85 personas, el 18 de julio de 1994.
«Al momento de los allanamientos a Kanoore Edul, Rabbani ya era objeto de serias sospechas por parte de los organismos de inteligencia», subrayaron.
Sin embargo, al tener conocimiento de la vinculación familiar con el entonces presidente Carlos Menem, a quien Alberto Kanoore Edul padre -del mismo origen que el mandatario- había visitado en la Casa Rosada, el por entonces titular del juzgado federal número 9, y ante una llamada desde las altas esferas gubernamentales, dejó de investigarlo durante mas de dos años.
Los fiscales dieron por probado que ese llamado fue efectuado por el hermano del expresidente, Munir Menem, cumpliendo directivas «del ex mandatario, que quiso evitar el escándalo», según señaló el fiscal en su alegato.
El juicio oral comenzó en agosto de 2015 y está a cargo del Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel.
Además de la pista siria, durante las audiencias se ventiló el pago ilegal de 400 mil dólares a Telleldín que Galeano le solicitó a la SIDE para que el principal sospechoso en el tramo inicial de la investigación involucrara en el atentado a cuatro oficiales de la Policía Bonaerense.
Los delitos por los que pedirán las penas son los de peculado, privación ilegal de la libertad, prevaricato, coacción, encubrimiento, destrucción de medios de prueba y falsedad ideológica de documento público.
Tras el alegato de la Fiscalía, el juicio entrará en receso durante la feria judicial de enero y retomará a principios de febrero: por entonces, comenzarán los alegatos de las seis querellas.
Luego vendrán los alegatos de las 13 defensas, últimas palabras de los acusados y el veredicto que se calcula para mediados de 2018.
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