Amenazas y hostigamiento de Prefectura a la familia de Kevin en Villa Zavaleta

El sábado pasado por la madrugada en Villa Zavaleta, en la Ciudad de Buenos Aires, un grupo de prefectos amenazó a los hermanos de Kevin Molina, el niño de nueve años asesinado en un tiroteo por fuerzas de seguridad en 2013 en el mismo barrio.

 

“Llevalo Puesto” (FM La Tribu) habló con Ignacio de La Garganta Poderosa, organización que acompañó a la familia y difundió el caso de Kevin desde el comienzo.

– En Villa Zavaleta la prefectura amenazó y golpeó a los hermanos de Kevin. ¿Cómo se dieron los hechos?

– Es una historia que se repite, y lamentablemente no solo en Zavaleta. Allí tenemos la suerte de contar con una asamblea de vecinos organizados y un medio que nos permite contarlo, cuando podemos acceder a la información.

En este caso fue otra vez la familia de Kevin, un nene de nueve años que murió en una balacera en septiembre de 2013, producto de que Zavaleta es una zona liberada por las fuerzas de seguridad. A casi cuatro años no hay un solo efectivo preso por eso, hay siete imputados, un solo procesado, Daniel Stofd, y hoy está en Entre Ríos con un uniforme y un fierro en la cintura, que le pagamos todos nosotros. No solamente no fue condenado sino que no fue dado de baja de la actividad.

Enfrente de la casa de Kevin, en un pasillo de un metro de ancho, está la casa abandonada que se disputaban el día del tiroteo esas dos bandas con una consigna de Prefectura desde entonces. Los prefectos que hacen esa consigna conocen a la familia de Kevin perfectamente.

En este caso, volvían de buscar a dos hermanos de Kevin que trabajan en una obra en construcción. Volvían al barrio pasadas las 12 de la noche, les pareció ver una persona armada, en una calle de tierra, con mala iluminación en un barrio que no tiene ni gas natural, estando a 10 minutos del obelisco. Aceleraron la camioneta las últimas dos cuadras al divisar a esta persona armada, por la calle de tierra que justamente se llama Kevin.

Cuando llegaron a la plaza esos efectivos que están en la consigna de Prefectura, Los hicieron bajar, los obligaron a ponerse contra la pared. Ariel, de 17 años cuestionó el procedimiento y lo empujaron. Federico, de 19, intercede señalando que era menor de edad, entonces le pegaron a él en las costillas aclarándole que así no le dejaban marcas. Luego Priscilla, de 15, pidió que no le peguen a sus hermanos y recibió una trompada. Azul (11 años) relata que sacaron un arma larga y tiraron tiros al aire.

Los padres de Kevin señalan que había 50 efectivos sin identificación. El lunes la madre de Kevin estuvo en la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) e hizo la denuncia. El martes fue a Uruguay, a recoger el premio del Festival de Cine y Derechos Humanos a la película que intenta contar esta historia y poner esta realidad en escena, que es la historia de muchos chicos más. Esto que le pasó a Kevin es algo que le pasa a muchos vecinos de nuestros barrios.

– ¿Qué argumento puso la policía para su accionar?

– Que la camioneta venía rápido. Y la camioneta venía rápido porque vieron una persona armada. Seguramente esto esté en el marco de las sociedades que ellos defienden en torno a los delitos que se supone vienen a combatir. Todo lo que aducen es que la camioneta viene rápido, y por eso armaron un operativo de 50 efectivos. Sin identificación y sopapeando pibes de 15 a 18 años.

– ¿Realizaron denuncias en otras instituciones?

– La realidad es que hace mucho tiempo que la única institución del Estado que contamos es la PROCUVIN. De hecho tenemos un dispositivo funcionando en el barrio que llamamos “control popular de las fuerzas de seguridad”, que es una comisión de vecinos que lo que hace es tomar denuncias las irregularidades de las acciones de las fuerzas de seguridad, cuando hay zonas liberadas, cacheos que no corresponden, allanamientos sin orden, una causa armada, cuando decomisan droga y no la registran.

Todo eso lo vamos registrando y se lo pasamos de forma directa al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a la PROCUVIN y a los organismos de Derechos Humanos, pero sin pasar por las comisarias que son las que administran el delito en nuestros barrios. Los propios fiscales cuando vienen al barrio vienen traídos de la mano por las fuerzas que en teoría están investigando.