Según un balance de la Defensoría del Pueblo (ombudsman), 16 civiles y un policía murieron en las manifestaciones que empezaron el 28 de abril en todo el país. El Ministerio de Defensa contabilizó a su vez 846 personas lesionadas, de las cuales 306 son civiles.
Las autoridades capturaron a 431 personas durante los desmanes y el Gobierno ordenó desplegar militares a las ciudades más afectadas, en tanto algunas oenegés acusan a la policía de disparar contra civiles.
El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que los hechos de violencia son «premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de las FARC» que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016, y por el ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia, consignó la agencia de noticias AFP.
Presionado por las manifestaciones en las calles, el presidente Duque ordenó este domingo retirar la propuesta que se debatía con escepticismo en el Congreso, donde un sector amplio la rechazaba por castigar a la clase media y ser inoportuna en plena crisis desatada por la pandemia. A pesar del anuncio, esta lunes ya había personas en las calles y bloqueos en Bogotá.
El Gobierno presentó el 15 de abril una reforma fiscal ante el Congreso como medida para financiar el gasto público de la cuarta economía latinoamericana, pero las críticas llovieron tanto de la oposición política como de sus aliados y el descontento no tardó en volcarse a las calles.
A cada protesta, que transcurrieron mayormente de forma pacífica, le siguieron disturbios y choques con la fuerza pública.
Con la reforma el Gobierno aspiraba recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031, para rescatar la economía
En su peor desempeño en medio siglo, el Producto Interno Bruto (PIB) del país se hundió 6,8% en 2020 y el desempleo trepó al 16,8% en marzo. Casi la mitad de los 50 millones de habitantes está en la informalidad y la pobreza golpea al 42,5% de la población.
Duque propuso ayer redactar un nuevo proyecto de reforma que descarte los principales puntos de discordia: el aumento del impuesto al IVA para servicios y bienes y la ampliación de la base de contribuyentes con impuesto de renta.
Sin embargo, el mandatario ordenó desplegar militares en las ciudades más afectadas, por lo que las movilizaciones en el país se mantienen.
El Comité Nacional de Paro anunció para este miércoles una movilización pacífica en todo el país y reiteró que, a pesar del retiro del proyecto de la ley, las jornadas de protesta se mantendrán.
Además, organizaciones sociales, estudiantes, sindicalistas e indígenas anunciaron hoy que mantendrán la jornada de movilización en las calles de Cali y en otras ciudades colombianas, mientras que ya se denunciaron casi mil casos de abuso policial registrados durante las marchas de los últimos días.
En este sentido, la ONG Temblores notificó 940 casos de violencia policial durante las movilizaciones, además de 21 homicidios y cuatro casos de violencia sexual a lo largo del territorio nacional.
«Vemos con gran preocupación que se están accionando armas de fuego contra los protestantes, en ciudades como Cali, Facatativá y Bogotá, sin importar el contexto de las movilizaciones del 9 de septiembre de 2019», advirtió el coordinador de la plataforma GRITA, que depende de la organización Temblores, Alejandro Rodríguez.
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