A poco de completarse el año y medio de iniciada la gestión macrista, sus decisiones en materia satelital se leen, ya, en las reacciones generadas entre los principales actores que constituyen la incipiente industria espacial de nuestro país.
Una de las determinaciones más impactantes fue la decisión de suspender la fabricación de Arsat 3, con el argumento de redefinir el plan de negocios.
La justificación no fue bien recibida por los trabajadores de la empresa estatal, que vienen denunciando la “discontinuidad” del programa y exigiendo el cumplimiento del Plan Satelital Geoestacionario Argentino (PSGA) 2015-2035, dentro del cual Arsat 3 se constituía como punta de lanza para el diseño y la fabricación de otros siete satélites de comunicaciones.
El proyecto del PSGA adquirió rango de Ley Nacional (27.208), tras ser enviado al parlamento por Cristina Fernández, en septiembre de 2015. La ley le da carácter de “Política de Estado” al desarrollo de la Industria Satelital y reglamenta, entre otras cosas, el andamiaje del sistema de comunicaciones, marcando obligaciones en tiempos y formas, así como en los porcentajes de incorporación de componentes fabricados en nuestro país a los futuros desarrollos satelitales.
En el último comunicado emitido en abril, ingenieros, técnicos y científicos del sector difundieron una solicitada, firmada como “Trabajadores de Arsat”, donde definen como “atentado a la industria satelital nacional” la suspensión de la fabricación en Investigación Aplicada (INVAP) del tercer satélite de la flota de ARSAT. Pero, denuncian, además, una “parálisis total” en la investigación por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MinCyT).
El eje más importante del reclamo alerta que “las capacidades generadas en ARSAT, INVAP y la red de proveedores de tecnología para el Espacio se están difuminando”, en relación con la formación de recursos humanos altamente capacitados.
En ese mismo sentido se expresó Guillermo Rus, ex vicepresidente de ARSAT, en diálogo con Notas, en el marco de la difusión del libro El Futuro Llegó, que se presentará en el Centro Cultural de la Cooperación el miércoles 31, a las 19 horas, con prólogo de la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y que repasa, con sus comentarios y los del ex presidente de la compañía estatal, Matías Bianchi Vilelli, el proceso de constitución del Plan Satelital Geoestacionario, la Ley 27.208 y la conformación de la compañía espacial nacional.
“La desinversión tiene un impacto en la reorientación de personal capacitado a otras industrias. Cambiar de industrias para los técnicos y profesionales especializados que se van por las oscilaciones en las inversiones hace que, seguramente, no vuelvan”, explicó el ex funcionario.
Rus sugirió que la desinversión de la empresa forma parte de un plan deliberado del Estado nacional, al detallar que “estaba regulado ya que ARSAT 3 no se iba a financiar con aportes del tesoro nacional, sino con los propios ingresos del área satelital, con parte de su actividad productiva Y créditos de por medio. Pero cuando la actual gestión de ARSAT solicitó ante el Estado un crédito de endeudamiento con el exterior, se lo negaron aduciendo que el Estado no se endeuda para este tipo de cosas”.
Cabe desatacar que por tratarse de un área con un alto nivel de inversión inicial y con extensos procesos de formación de recursos humanos altamente capacitados, el rol del Estado Nacional en la financiación es fundamental, y es por ello que el fortalecimiento de este tipo de industria, en cualquier país, requiere de políticas estatales estables a largo plazo.
En el informe Al infinito y Más allá: Una Exploración sobre la Economía Espacial Argentina, de abril de 2017, los investigadores del Conicet Andrés López, Paulo Pascuini y Adrián Ramos, refieren a esa trascendencia al explicar: “En todos los países el rol del gobierno es esencial en los dos extremos de la cadena: en la provisión del financiamiento inicial para investigación y desarrollo y como principal demandante de muchos productos y servicios satelitales”.
Otro de los indicios que aparece como síntoma de este proceso es el reciente comunicado del grupo agroindustrial Los Grobo (del empresario de la Soja, Gustavo Grobocopatel) donde se informa la venta de su participación accionaria satelital en la empresa Frontec S.A a INVAP.
Frontec SA articula tecnologías de sensado remoto masivo de datos (aeroespaciales), tecnologías de la comunicación y la información (TICs, software y sensores terrestres en esta etapa) y ciencia agronómica para ofrecer servicios de observación satelital en la producción alimenticia.
Su salida del mercado satelital también da indicios de un Estado que no aparece como demandante y consumidor de esos servicios tecnológicos, para retener la (baja) participación privada en investigación y desarrollo, propia de las economías periféricas.
Por último, otra de las señales de desaliento es la autorización que el Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Comunicaciones, a cargo de Oscar Aguad, dieron para que 14 satélites extranjeros operen y ofrezcan servicios en nuestro territorio, aun cuando sus prestaciones compiten con las de ARSAT 2.
“Yo creo que la discusión pasa por definir qué quieren hacer con ARSAT, que fue concebida para desarrollar una industria tecnológica de alto valor agregado que pueda apalancar a las Pymes. El plan de construcción de los ocho satélites tiene sentido si hay un plan estratégico y comercial” reflexionaba Guillermo Rus, entrevistado por la Agencia de Noticias de la Unsam, TSS.
