La reforma tributaria propuesta por el Gobierno nacional aumenta de inmediato la presión tributaria sobre la clase media, especialmente sobre los asalariados y cuentapropistas, al gravar productos de consumo masivos y la renta financiera, mientras que la baja de impuestos queda circunscriptas a empresas y un reducido número de contribuyentes.

 

En caso de prosperar la iniciativa tal como fue presentada este sería el escenario posible para un empleado o cuentapropista con ingresos promedio de 40.000 pesos:  Pagará más caros consumos diarios como la cerveza, gaseosa azucarada, vinos, champañas y bebidas.

El ajuste propuesto no discrimina por valores y en consecuencia afectará tanto a productos de primera línea como así también a las segundas y terceras marcas que son adquiridas por los segmentos más bajos de la sociedad.

En caso de haber obtenido un crédito hipotecario, personal o prendario, deberá hacer frente a una mayor cuota por el aumento de las tasas de interés que provocará el impuesto a la renta financiera.

Por la misma razón sufrirá un aumento sobre una eventual deuda con financiación sobre tarjetas de crédito.

En contrapartida, sufrirá una pérdida de su rentabilidad en inversiones financieras (plazo fijo, bonos, etc) por la aplicación de este tributo.

Deberá pagar 21 por ciento más por suscripciones de servicios digitales como Netflix, Spotify, o cualquier similar, al pasar a estar gravados con IVA.

En caso de realizar una operación inmobiliaria continuará pagando el Impuesto a la Transferencias de Ingresos (ITI) ya que su eliminación se aplicará cuando se complete el ciclo de compra/venta posterior a la sanción de la ley.

De este conjunto de ciudadanos, sólo la porción que utiliza cheques para parte de sus transacciones podría favorecerse por la reducción gradual y su posterior pago a cuenta de ganancias. Y aquellos que adquieran algún artículo electrónico que dejarán de estar gravados.

A este escenario cabe agregarle que asalariados y cuentapropistas deberán absorber los aumentos de las tarifas energéticas y del transporte público.

La compensación de esta mayor carga tributaria se concentra en empresas, a las que se les reducirá la alícuota del impuesto a las ganancias de 35 a 25 por ciento, en caso que reinviertan utilidades.

Además se acelerará la devolución de crédito fiscal de IVA a las empresas que hayan realizado inversiones y no la hayan recuperado en seis meses.

A su vez, se beneficiarán por una reducción parcial y escalonada del pago de contribuciones.

A esto se suma la progresiva eliminación del impuesto al cheque, de ingresos brutos y de los impuestos a los sellos. En consecuencia, la pretendida rebaja de la presión tributaria para mejorar la ecuación financiera de las empresas promover la inversión y el empleo a un plazo de cinco años será financiada por las clases medias y bajas asalariadas con aumento de impuestos inmediatos.

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