A través de un contador, los Macri compraron los contratos a la empresa española Isolux en 2016. Meses más tarde, los traspasó a Genneia y a un grupo empresario chino. Con la venta de un sólo parque obtuvieron una ganancia de, al menos, US$ 15 millones.

 

Hacer negocios con el estado sigue siendo una “sana costumbre” del grupo Macri. Y desde que Mauricio es presidente esa práctica alcanza niveles alarmantes. El usufructo del estado  para el propio beneficio familiar es, podría decirse, una “política de estado”.

Sin pasar por procesos licitatorios y de manera evidentemente irregular, en el año 2016 el grupo Macri compró en absoluto silencio 6 parques de generación de energía eólica que luego revendió obteniendo ganancias netas por al menos 15 millones de dólares.

Sideco Americana -empresa insignia de los Macri- creó junto con un grupo de socios cuatro empresas a nombre de un contador y adquirieron seis parques eólicos en Chubut y Miramar, provincia de Buenos Aires.

Las licitaciones habían sido ganadas por la española Isolux, que luego las vendió en dos tandas. Por la primera parte del paquete, las empresas del holding presidencial pagaron US$ 25 millones y durante el siguiente año revendieron esos parques a una empresa del Grupo Macro (Genneia, la que visitó el Presidente pocos días atrás) y a la compañía china Goldwind.

De acuerdo con fuentes cercanas al grupo empresarial y de contacto diario con el presidente, con sólo uno de los parques los Macri hicieron una ganancia de alrededor de US$ 15 millones.

Los parques en cuestión son Loma Blanca I, II, III, IV y VI y el Parque Eólico Miramar, que habían sido adjudicados durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner. Las empresas adjudicatarias españolas no habían realizado las inversiones prometidas por lo que las concesiones estaban a punto de caer.

A pocos días de asumir, Macri encargó la creación de varias empresas a  nombre del contador Mariano Payaslian, un hombre de estrecha cercanía con los Macri por haber trabajado durante varias décadas en el conglomerado empresario.

Con esa maniobra se realizaron las compras sin licitaciones, lo que para activos del estado constituye un delito de administración fraudulenta y adulteración de documentos públicos,  entre otros.

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