En plena negociación del polémico Tratado de Libre Comercio (TLC) con el Mercosur, la Unión Europea suscribió un Acuerdo con el gobierno ilegítimo de las Islas Malvinas para proveerle apoyo financiero. Sorpresivamente, la Argentina no elevó protesta alguna.

 

La orden de Macri es firmar a toda costa el Tratado de Libre Comercio Mercosur – Unión Europea. Luego de frustrarse la firma del mismo en el marco de la undécima Cumbre Ministerial de la Organización Mundial de Comercio que tuvo lugar en Buenos Aires (10 al 13 de diciembre), las negociaciones continuarán en Brasilia y se intensificarán en el 2018.

No obstante, merece resaltarse un hecho que ha pasado desapercibido. El martes 4 de diciembre, mientras transcurría una de las últimas rondas de negociación del denominado Acuerdo de Asociación Birregional entre el Mercosur y la Unión Europea, tomó estado público que la Directora para América Latina y el Caribe de la de Dirección de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión (DG DEVCO), Jolita Butkeviciene, firmó junto a la representante en Londres del ilegítimo gobierno isleño, Sukey Cameron, un convenio de financiamiento para mejorar la conectividad y accesibilidad en el territorio de las Islas Malvinas, por un monto que ascendería a los 6 millones de euros. Este programa se inscribe en el marco del 11º Fondo Europeo de Desarrollo (FED), instrumento a través del cual la UE otorga fondos de cooperación financiera a los denominados “Países y Territorios de Ultramar”.

La cuestión no es nueva. El FED viene cooperando con las Islas Malvinas y otros territorios que tienen “una relación especial con miembros de la Unión” desde hace varias décadas.

La novedad del caso estriba en que la firma de este instrumento de apoyo presupuestario haya tenido lugar insólitamente en la misma sede y al mismo tiempo que las tratativas para la firma del acuerdo birregional, y, por sobre todo, que el gobierno argentino no haya emitido siquiera una declaración objetando la medida. Por no señalar que un hecho de estas características habría bastado largamente para levantar de inmediato la ronda de discusión entre ambos bloques, a la espera de una rectificación y/o aclaración por parte de las autoridades comunitarias.

En ese sentido, es necesario recordar que en ocasión de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009, nuestro país realizó varias presentaciones en rechazo a la pretensión de la UE de incluir a partes del territorio nacional -Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur – en la lista de territorios a los que se aplica el régimen de «Asociación de los Países y Territorios de Ultramar», por resultar incompatible con los legítimos derechos de la Argentina y con la existencia de una disputa de soberanía sobre dichos archipiélagos.

Otro factor que ayuda a contextualizar este verdadero fracaso diplomático del macrismo es su contemporaneidad con el Brexit. Desde que el Reino Unido se integró a la Comunidad Europea en 1973, el respaldo de Bruselas a la posición británica en Malvinas siempre fue determinante. Pero tras el referéndum de junio de 2016, mediante el cual el electorado británico decidió la salida de la UE, se encendieron varias luces de alarma para los kelpers.

A los pocos días de la votación, Gavin Short, un político de Malvinas, le envió una carta al diario The Sun en la que expresó: «Esto es un desastre», y remarcó que la «Argentina será ahora mucho más agresiva en su disputa por la soberanía».

En efecto, por primera vez en 44 años, la Argentina tenía la posibilidad de sentarse a negociar y presentar el reclamo de soberanía de las Islas a países europeos con los que hasta el momento, por los compromisos que los ataban con el Reino Unido, no había podido avanzar. Pero el temor a un potencial desamparo político y aislamiento económico de la autoridad colonial fue rápidamente conjurado por el giro radical que adoptó la administración Cambiemos en materia de defensa de la soberanía en el Atlántico Sur. Para Macri, el reclamo por la soberanía está subordinado a su deseo de restaurar las relaciones diplomáticas con el gobierno británico.

En esa línea se suscribió el Comunicado Conjunto del 13 de septiembre de 2016, por el cual ambos países expresaron su intención de retomar discusiones bilaterales en temas de pesca, comercio, hidrocarburos y vuelos desde el continente. A ello se sumó recientemente un planteo del Reino Unido por el cual afirmaba que el ingreso de nuestro país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) requeriría de forma excluyente un cese de las restricciones impuestas a empresas que operen en las Islas Malvinas.

La primera respuesta no se hizo esperar: la orden de la Cancillería fue directamente “lavar” en la Declaración Ministerial del G77 + China, la hasta ahora sostenida condena sobre exploración y explotación no autorizada de hidrocarburos en el área de Malvinas.

Como si fuera poco, en recientes declaraciones a la prensa, el Canciller Jorge Faurie insinuó que a partir de la ayuda prestada por el Reino Unido en la búsqueda del ARA San Juan se habría un nuevo capítulo de la relación bilateral.

En definitiva, la apuesta de Macri por una integración subordinada a los centros de poder internacional que, con muchos de los países centrales resolviendo sus propias crisis domésticas, parecieran encarnar las burocracias de Bruselas (UE) y París (OCDE), amenaza con desaprovechar una oportunidad histórica para fortalecer e impulsar el reclamo por los imprescriptibles derechos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y del Atlántico Sur.

Difícil es, igual, sorprenderse. Basta recordar que quien actualmente detenta el manejo de las relaciones exteriores, considera que “las Malvinas serían un déficit adicional para el país».