En una carta dirigida a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Martín Lousteau y Lucila Crexell argumentaron que la presentación había sido formulada en un contexto distinto al actual, “al inicio del mandato del presidente Alberto Fernández”, que dista mucho del presente, donde “las prioridades actuales son otras”.
Los senadores opositores Martín Lousteau y Lucila Crexell pidieron retirar sus proyectos de modificación de la Ley de la Procuración General de la Nación cuya discusión en comisión en el Senado fue programada para esta tarde por el oficialismo.
En una carta dirigida a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Lousteau y Crexell argumentaron que la presentación había sido formulada en un contexto distinto al actual, “al inicio del mandato del presidente Alberto Fernández”, que dista mucho del presente, donde “las prioridades actuales son otras”.
Para los senadores de la oposición, el objetivo del Frente de Todos de abrir la discusión esta tarde en el marco de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales “es pervertir el espíritu de las iniciativas bajando los requisitos para la designación del Procurador General de la Nación”.
La comisión que preside el senado del FdT Oscar Parrilli convocó para hoy a las 16.30 a una reunión en la que se analizarán tres proyectos de ley dirigidos a modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y modificar el plazo de duración del cargo de Procurador General de la Nación, actualmente a cargo interinamente de Eduardo Casal.
Las iniciativas hoy retiradas habían sido presentadas el año pasado por senadores de Juntos por el Cambio y por la legisladora del Movimiento Popular Neuquino Lucila Crexell.
En un comunicado difundido, tanto Lousteau como Crexell anunciaron su decisión de retirar las propuestas, con el argumento de que “ya existe una comisión creada por el Poder Ejecutivo” para tal fin.
Los senadores consideraron que “no se trata de un tema prioritario en este momento de crisis sanitaria, social y económica” y detallaron que sus iniciativas consistían en mantener la mayoría agravada de dos tercios para la designación del Procurador y terminar con el mandato vitalicio, acotando su tiempo de gestión.
En mensajes escritos en Twitter, Crexell consideró que “es evidente que se trata de una operación del oficialismo para eliminar el requisito de los dos tercios” y expresó que este tipo de debates institucionales “deben darse de buena fe” y “en el marco de diálogos profundos”.
Según la ley actual, el jefe de los fiscales se elige a propuesta del Poder Ejecutivo, luego de pasar por la Comisión de Acuerdos y con los votos de los dos tercios de los senadores en sesión especial y su cargo dura hasta que cumpla los 75 años.
En la actualidad, el oficialismo no puede avanzar con la designación de Daniel Rafecas, propuesto por el Poder Ejecutivo a principios de año, porque el interbloque de Juntos por el Cambio no apoya la candidatura del juez federal y, en consecuencia, el oficialismo no llega a reunir la mayoría requerida para su designación.
La Procuración está en manos del procurador Interino Casal desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó en 2017; y luego de que el Gobierno del expresidente Mauricio Macri no lograra en su momento un acuerdo con el peronismo para designar en su lugar a la jurista Inés Winberg de Roca, a quien proponía para ese cargo.
Casal, actualmente, está acusado por un sector del oficialismo de mal desempeño en sus funciones pero al Frente de Todos le faltan votos para nombrar a un nuevo procurador que ponga fin al interinato ejercido por Eduardo Casal.
En la reunión de este viernes, el oficialismo busca dar el primer paso para analizar dos proyectos de Crexell y uno de Lousteau.
Uno de los proyectos de Crexell establece que el Procurador General dura en su función cinco años y que puede se reelegido por única vez con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en el Senado.
En tanto, el segundo expediente de la legisladora neuquina propone los mismos requisitos, pero en el caso del Defensor General de la Nación.
Finalmente, la iniciativa de Lousteau establece una duración de seis años para el Procurador General, igual que para el Defensor; y determina que sólo pueden ser reelegidos una vez.
