La Secretaría de Derechos Humanos consideró hoy que el Estado «debe mejorar sus herramientas disponibles para prevenir las desapariciones de personas en democracia y fortalecer los procesos de búsqueda», en un comunicado emitido con motivo de cumplirse tres meses de la desaparición de Facundo Astudillo Castro y tres años del caso de Santiago Maldonado
En un texto que lleva el título «3 años, 3 meses», el organismo que encabeza Horacio Pietragalla Corti remarcó que estas desapariciones «obligan al Estado a comprometerse con la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas y sus familiares».
«La desaparición (ocurrida el 1 de agosto de 2017) y muerte de Santiago tuvo lugar en un contexto de creciente criminalización de la protesta social y en el marco de un operativo de represión con características irregulares, realizado por una fuerza de seguridad federal. El discurso de las autoridades políticas de aquel momento buscó legitimar el accionar represivo», se sostiene en el comunicado.
En ese sentido, se recuerda que «lejos de realizar un acompañamiento integral a la familia de Santiago, se adoptaron medidas que estigmatizaron a la víctima y obstaculizaron la búsqueda de la verdad. Estas circunstancias provocaron que, hace pocos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicite al Estado argentino que explique la denuncia presentada por la familia de Santiago frente al organismo internacional».
En tanto, «la desaparición de Facundo Astudillo Castro ocurrió (el pasado 30 de abril) en un contexto de graves casos de violencia institucional que se registraron en el país durante los meses de cuarentena».
«Tal como esta Secretaría ha dejado en claro en sus respuestas a los organismos internacionales, el proceso de búsqueda y el desarrollo de la investigación judicial deben abordar en detalle cada una de las posibles hipótesis que puedan dar con su localización y determinar todas las responsabilidades que correspondan», se sostiene sobre el joven, en cuyo caso se investiga si está involucrada la policía bonaerense.
Por eso, se insiste que «como ha reclamado la familia de Facundo», se debe «investigar con seriedad la posibilidad de que estemos ante una desaparición forzada».
El documento insiste que el Presidente (Alberto Fernández) , el gobernador de la Provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof) y el secretario de Derechos Humanos de la Nación (Pietragalla Corti), entre otras autoridades, han expresado su máxima preocupación por la desaparición de Astudillo Castro, que ha determinado la intervención de la justicia federal, el despliegue del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Ministerio de Seguridad y de las distintas fuerzas de seguridad federales.
Además, de «la actuación coordinada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, se ha requerido el asesoramiento del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y se han puesto a disposición de la familia, el Programa de Protección a testigos, el acompañamiento psicosocial del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”, y todo otro apoyo que se pudiera necesitar para la búsqueda e investigación».
En otro orden, el material consigna que a raíz «una petición presentada por la familia de Santiago Maldonado ante la CIDH», la Secretaría tomó «la decisión de ofrecer a la familia el inicio de un proceso de solución amistosa».
«Esto implica un cambio radical en la posición que mantuvo el Estado respecto a los hechos sucedidos, a través del reconocimiento de que se trata de un caso de extrema gravedad, que no debe transitar por la vía contenciosa del sistema interamericano. También demuestra la voluntad de contribuir con la familia de Santiago en el esclarecimiento de los hechos y en la búsqueda de una reparación integral por lo sucedido», se aseguró.
«A partir del 10 de diciembre, como dijo el presidente Alberto Fernández, los derechos humanos volvieron a constituir la columna vertebral del Estado argentino en su conjunto. Por eso, la protección y el apoyo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos deben ser una política de Estado», finaliza el documento
