La decisión fue tomada por la Cámara Federal, quien ordenó profundizar la investigación de la denuncia contra el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el ministro de Salud porteño por supuestas irregularidades en la distribución de las vacunas contra el coronavirus.
La decisión fue de la sala II del Tribunal de Apelaciones en la investigación vinculada a una posible distribución o aplicación «privilegiada» de vacunas, mediante convenios hechos con clínicas y obras sociales, en la ciudad de Buenos Aires «con eventual favorecimiento a personas que no estaban» comprendidas en los grupos prioritarios» que estableció el Plan Estratégico de Vacunación nacional, informaron a Télam fuentes judiciales.
La causa había sido archivada por el juez federal Ariel Lijo, pero el Tribunal de Apelaciones de manera unánime revocó por «prematura» esa decisión al entender que restan ordenar medidas probatorias.
En su voto, el camarista Roberto Boico remarcó que resta «la producción de diversas diligencias» que se orienten a verificar la «hipótesis del caso que presenta la fiscalía».
Por su parte, el juez Martín Irurzun consideró que, hasta el momento, «no se detectaron indicios sobre directivas de direccionamientos».
Sin embargo, entendió que «la investigación no se completó» y que la fiscalía «señaló cursos de acción concretos aún por transitar que tienen relación directa con el objeto del legajo».
«Nótese que, como señaló la Sala I de esta CCCF en una causa donde se investiga a autoridades nacionales y a particulares por eventos de similar tenor, se trata de discernir en el caso si existió un eventual manejo, por fuera de lo normativamente previsto, de bienes escasos bajo la exclusiva y excluyente gestión del Estado, estrechamente destinados a enfrentar una situación generalizada y gravemente amenazante para la salud de la ciudadanía», agregó Irurzun.
Por último, el juez Farah remarcó que el archivo de la denuncia es «prematuro».
«Resulta razonable la pretensión del apelante (desde su función de acusador en el legajo) de que se lleven adelante medidas de instrucción tendientes a completar el conocimiento sobre lo sucedido», concluyó.
La causa judicial se abrió a raíz de la denuncia presentada por la abogada Natalia Salvo, debido a la firma de convenios con obras sociales y prepagas para vacunar contra el Covid en sus sedes a los afiliados.
El llamado «Plan de Vacunación Covid 19 para adultos mayores» daba la posibilidad a los afiliados a diferentes prepagas y obras sociales de sacar un turno para vacunarse en esas sedes.
También se investiga de manera conjunta la denuncia de otro abogado, Yamil Castro Bianchi, por el presunto armado de un centro de vacunación paralelo en el barrio de Parque Chacabuco.
