A raíz de la recuperación que ciertos medios hicieron del paso del vicedirector de Radio Nacional por Chaco, la necesidad de legislar sobre las prácticas y discursos negacionistas vuelve al centro del debate. Sin embargo, desde el regreso de la democracia, nuestro país no ha conseguido acordar y aprobar leyes en ese sentido.
Limitar y sancionar el negacionismo es una de las deudas de nuestra democracia. Si bien son una minoría en la sociedad, son amplificados a través de medios de comunicación y redes sociales. La banalización de equiparar y relacionar cualquier hecho o figura con la última dictadura tampoco ayuda. El problema se agrava cuando son reproducidos por quienes se desempeñan en la función pública, en cualquier de sus niveles o cargos.
Una de las iniciativas que cobró mayor impulso, todavía con un largo camino por recorrer, es la del diputado nacional del Frente de Todos (FDT) por Córdoba Eduardo Fernández. Su proyecto, que se dio a conocer en marzo del año pasado, es el último que el oficialismo llegó a considerar. Fernández desliza que el objetivo es “sancionar conductas de apología y/o negación del genocidio y crímenes de lesa humanidad”, incorporando las figuras al Código Penal y estableciendo penalidades “que van de los tres meses a los dos años, junto a una multa económica” -las mismas que se fijan para delitos de similar naturaleza-.
En el caso de los funcionarios públicos, de cualquier jerarquía y jurisdicción, prevé una capacitación obligatoria en materia de derechos humanos y se consideraría un agravante, sumando la posible “destitución e inhabilitación especial para ocupar cargos» durante el tiempo de condena, con un máximo de diez años.
La iniciativa representa una continuidad de dos que fueron impulsadas con anterioridad -en 2017, por Nilda Garré, ex ministra de Defensa, y en 2019, por Horacio Pietragalla Corti, actual secretario de Derechos Humanos de la Nación-. «La intención es la misma: no dejarlos impunes», resalta el cordobés. Debe haber una «incorporación efectiva para que la ley transcurra a pesar de los gobiernos y que la justicia esté obligada a aplicar».
A su vez, toma en consideración a los organismos de DDHH que actúan en Córdoba y «la dura puja para que no coarte la libertad de expresión». Sin embargo, para el legislador resulta «como mínimo llamativo» que se esboce esa posible restricción desde sectores que «ocultan que el verdadero objetivo de las dictaduras fue implantar modelos económicos y restringir libertades públicas», pondera Fernández.
La situación en Buenos Aires
En el marco del último 24 de marzo, Susana González, vicepresidenta del bloque del FDT y diputada bonaerense del Frente Grande, presentó un proyecto para crear el Consejo de Promoción de Políticas contra el Negacionismo del Terrorismo de Estado. Estaría integrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Defensor del Pueblo bonaerense.
El organismo tendría la finalidad de promover y desarrollar políticas “tendientes a prevenir, erradicar, identificar y/o denunciar conductas negacionistas del terrorismo de Estado” y “del etnocidio contra los pueblos indígenas”, explica González. Se generarían “actividades y campañas de concientización, difusión, educativas y culturales” sobre sus consecuencias y también se abordaría el papel de los medios de comunicación con la “formulación e implementación de protocolos de intervención”. Se basa en una propuesta de su compañera de Frente, Tere Cubells, diputada provincial de Chaco, y en aportes que recibió de la CPM.
González evalúa la propuesta dirigida al Congreso de la Nación como «necesaria y complementaria» de la suya, dado el ámbito de aplicación restringido a nivel provincial. En el mismo camino, el futuro Consejo actuaría también cuando las prácticas, posicionamientos o conductas negacionistas sean efectuados por «personas que se desempeñen en la órbita de la función pública, ya sean cargos electivos o no, en todos los niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, remunerada u honoraria». Quedarían «sujetas a los procedimientos administrativos disciplinarios establecidos en cada régimen» para determinar sanciones, que irían «desde un apercibimiento hasta la cesantía, remoción o expulsión», según el ámbito.
La iniciativa va más allá de la esfera de la última dictadura militar y se expande a la afectación de comunidades indígenas. En ese sentido, cuando las conductas negacionistas se relacionen con violaciones que han sufrido dichos pueblos, el proyecto propone incorporar al Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI). Por último, el organismo deberá sistematizar un mecanismo de identificación de conductas públicas negacionistas y de recepción de consultas y denuncias.
Antecedentes internacionales e iniciativas similares
La legislación contra el negacionismo no es una idea exclusiva de nuestro país, único en juzgar el terrorismo de Estado desde el poder político, ni resulta, en principio, un problema para con la libertad de expresión.
El proyecto de Fernández toma como referencia tratados internacionales, como la «Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad». Además, considera legislación específica en diversos países, sobre todo de Europa, y la ya existente en organismos y tratados de justicia, entre ellos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Por otro lado, González tomó como referencia otras legislaciones y antecedentes pioneros, como Alemania: negar el Holocausto contempla multas y hasta cinco años en prisión como penas. Entre otros ejemplos, uno es Francia, donde la Ley de Igualdad y Ciudadanía prevé multas y un año de detención como penalidades para quienes nieguen públicamente genocidios reconocidos por Francia.
En los últimos años podemos recordar otras propuestas, si bien ninguna llegó al recinto hasta el momento. De Valeria Carreras, quien buscó el apoyo del Colegio Público de Abogados, al proyecto del diputado Marcelo Koenig (FDT), una de las claves evidenciadas es la necesidad de capacitación obligatoria. A su vez, las iniciativas del senador nacional Alfredo Luenzo y de la diputada por Santa Fe Patricia Mounier señalan que la clave es su efectiva incorporación al Código Penal.
También vale el proyecto de un grupo de diputados nacionales de extracción sindical del FDT. Estipula sanciones civiles y penales a conductas negacionistas sobre crímenes de lesa humanidad, soberanía argentina en las Islas Malvinas y existencia de epidemias o pandemias. Además, propone elevar la escala penal del delito reprimido y, en el caso de funcionarios, duplicar el tiempo de inhabilitación. Lleva la firma de Carlos Cisneros, Alcira Figueroa, Pablo Carro, Walter Correa, María Rosa Martínez, Claudia Ormaechea, Carlos Ortega, Carlos Ponce y Hugo Yasky.
La visibilización y viralización de discursos y prácticas negacionistas se agravó en los últimos años, en gran medida por el rol que desempeñan y desempeñaron dirigentes políticos de diversos partidos y alianzas. Si el contexto actual es, en parte, su responsabilidad, también lo debería ser la implementación de medidas para sancionar y mitigar dichas prácticas, yendo un paso más allá del mero repudio.
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