La Defensoría del Pueblo elevó una resolución a los entes reguladores para que intimen a las prestatarias de luz, gas y agua a abrir las oficinas comerciales. Son flojas las respuestas por canales virtuales.
A días de concluir el año y con las actividades comerciales y de servicios habilitadas casi en su totalidad, la atención al público en las oficinas de las empresas prestadoras de energía eléctrica, gas y agua continúa suspendida.
Por este motivo, la Defensoría del Pueblo elevó una resolución a los organismos de control para que la situación se regularice, teniendo en cuenta lo engorroso que resulta para los usuarios iniciar reclamos por los canales virtuales habilitados.
“Si te parece excesivo el consumo facturado podrás solicitar la revisión”, afirman desde la página web de Edenor. Pero la cordialidad se desmorona cuando, una línea más abajo las indicaciones para seguir adelante invitan a “sacar un turno para que uno de nuestros asesores te contacte telefónicamente”. O bien a “tomar lectura actual de tu medidor e ingresarla a Edenor digital para ser analizada”.
Mecanismo similares proponen Aysa o Naturgy, a través de “oficinas virtuales” y, en el mejor de los casos, números telefónicos.
Frente a esto, el Defensor del Pueblo de Pilar, Juan Manuel Quintana, elevó una serie de resoluciones (máxima herramienta con la que cuenta la dependencia) destinadas al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y al Ente Regulador del Agua y Saneamiento (ERAS), para que intimen a las empresas a abrir las oficinas comerciales al público.
“Los medios electrónicos no dan la respuesta esperada, sobre todo a las personas mayores que no manejan internet y redes sociales”, afirmó el ombudsman.
Edenor
Cuando los vencimientos apremian, las resoluciones remotas -que en muchos casos demoran más de lo esperado-, no resultan una solución viable. “Las respuestas nunca son satisfactorias”, advirtió Quintana y la afirmación se refleja en la cantidad de reclamos recibidos en la dependencia que encabeza, que terminó por absorber los reclamos que no fueron atendidos por las empresas.
La mayoría corresponden a Edenor, que lleva la delantera de las quejas recibidas en la Defensoría. Más de 1.500 reclamos contra la prestadora del servicio de electricidad se asentaron desde marzo hasta la fecha, en especial durante los meses de agosto, septiembre y octubre.
La mayoría están vinculados con el cobro de un monto de “recupero” que la empresa envía a los usuarios luego de un cambio de medidor, que en ciertos casos alcanza cifras exorbitantes.
En este sentido, desde la Defensoría del Pueblo se enviaron al ENRE más de 10 reclamos de usuarios a los que Edenor los instaba a abonar más de 200.000 pesos por el mencionado concepto. Es por esto que en la resolución enviada al Ente Regulador de la Electricidad por el ombudsman, también se menciona la importancia de que el cambio de medidores no represente un costo para el usuario.
Con la operatoria actual, se obliga al consumidor a demostrar que no cometió irregularidades, sin los elementos suficientes para probarlo. “Invierten la carga de la prueba y es el vecino el que tiene que probar que el aparato medía bien”, señaló Quintana.
En el mismo sentido, desde la Defensoría se solicita que Edenor envíe los montos de recupero en facturas complementarias, de modo tal que el vecino pueda abonar el consumo del mes de forma independiente mientras se canaliza el reclamo.
1.500
reclamos contra Edenor se recibieron desde el inicio de la pandemia en la Defensoría del Pueblo. Más de una decena fueron por el cobro de “recupero” de energía, por montos superiores a 200.000 pesos.
“Los medios electrónicos no dan la respuesta esperada, sobre todo a las personas mayores que no manejan internet ni redes sociales”.
JUAN MANUEL QUINTANA.
