Hay 6 prefectos sobre los que recaen las sospechas por el asesinato del joven. Pero lejos de involucrarlos en la causa, el juez Villafañe los dejó en libertad y les permitió el regreso a San Fernando, desde donde habían partido para participar de la cacería, tal como se denominó a la represión que terminó con la muerte de Nahuel
El juez Gustavo Villanueva aprendió claramente el libreto del gobierno en el que la garantía de impunidad para quienes cometen delitos es casi una política de estado. Pasa con los responsables de la muerte de Santiago Maldonado y pasa ahora con los autores del asesinato de Rafael Nahuel.
El juez decidió dejar en libertad y permitirles el regreso a San Fernando (provincia de Bs. As, desde donde llegaron a Bariloche) a los 6 prefectos que, presuntamente, están bajo sospecha por la muerte del jóven.
Se trata de Francisco Antonio Lezcano, Guillermo Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Carlos Valentín Sosa, Juan Ramón Obregón y Sergio Damián García, identificados pero no imputados en la causa.
Una actitud claramente contrapuesta a la que adoptó el juez con Fausto Jones Huala y Lautaro González -los dos jóvenes que bajaron hasta la ruta el cuerpo de Rafael, luego de la balacera de los uniformados- quienes pasaron cuatro días detenidos.
Villafañe se quedó sólo con las ropas y las armas de Lezcano, Cavia, Pintos, Sosa, Obregón y García para que se periten a fin de determinar si de alguna de ellas provino el disparo que acabó con la vida del joven Rafael Nahuel.
De acuerdo con todos los testimonios recogidos, los seis prefectos investigados habrían sido los que avanzaron por la montaña y comenzaron a disparar al divisar al grupo de integrantes de la comunidad que se encontraban en el lugar, el pasado sábado 25 de noviembre. Uno de esos balazos ingresó en el cuerpo de Rafael por su glúteo izquierdo y se alojó finalmente en el tórax, causándole la muerte.
