Lo confirman las pericias a teléfonos de la fuerza que reprimió a los mapuches e hizo desaparecer a Santiago
“Debe haber un montón de cosas en esos mensajes de Whatsapp”, dice Sergio Maldonado, el hermano de Santiago. Se refiere a los peritajes realizados sobre decenas de teléfonos celulares pertenecientes a parte de los gendarmes de El Bolsón y Esquel que participaron del operativo en el que desapareció el joven de 28 años. Este material fue incorporado al expediente en los último días, La Izquierda Diariotuvo acceso a parte de esa información.
“Yo sé que tengo el teléfono pinchado, que nos sacan fotos y nos siguen todo el tiempo. Eso lo sabemos todos. Al principio era muy evidente. Pero desde que hicimos la primera movilización en Plaza de Mayo parecen que disimulan más. Esto que está saliendo a la luz no me sorprende para nada”, agrega el mayor de los hermanos Maldonado.
En las últimas horas varios medios difundieron un nuevo hallazgo que surge de pericias realizadas a teléfonos de miembros de Gendarmería. Se trata del análisis sobre el aparato de un “alto mando” de la fuerza, que no es otro que Fabián Méndez, el jefe del Escuadrón 35 de El Bolsón que cumplió tareas esenciales en el operativo represivo del 31 de julio y 1° de agosto.
Las pericias, que se encuentran en el expediente, arrojaron que desde y hacia el teléfono de Méndez se mantuvieron conversaciones y se transmitieron documentos referidos a las tareas realizadas por el “Centro de Reunión de Información Neuquén de Gendarmería” (CRI), tanto sobre movimientos de Santiago Maldonado antes de desaparecer como de su familia y allegados antes y después de los hechos ocurridos en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen.
Toda esa información se obtuvo de forma ilegal, sin orden judicial y con el objetivo de controlar y (eventualmente) criminalizar a quienes exigen la aparición con vida de Santiago y denuncian a esa fuerza represiva y sus mandantes políticos.
Sobre Santiago
Uno de los documentos conocidos hasta ahora muestra una especie de compilación de los viajes que realizó el joven a Chile, Paraguay y Uruguay entre 2011 y 2017. Esa información proviene directamente de las bases de datos de Migraciones y del Registro Nacional de las Personas.
Según las pericias, ese documento fue enviado al jefe Méndez por Whatsapp el 14 de agosto, trece días después de desaparecido Santiago y dos días antes de que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich lanzara una sarta de falacias por cadena nacional desde el Senado de la Nación.
El CRI Neuquén informó al jefe Méndez de El Bolsón que Santiago regresó de su último viaje a Chile el 21 de abril, entrando a las 13.33 en colectivo por el paso Cardenal Antonio Samoré. “Del registro efectuado en la lista de pasajeros no surgen miembros de la comunidad Mapuche que se registren”, dijeron entonces los informantes.
El listado de los viajes que realizó Santiago es acompañado por las «fichas» de 5 personas que lo habrían acompañado en los viajes realizados el 30/10/2016, el 23/05/2016 y el 01/03/2016. Asegurando que sobre dos de ellas «se solicitó colaboración Policía de Investigaciones de la República de Chile, quienes informaron a esta Unidad que los mismos no registran antecedentes penales como así también que no forman parte de la comunidad Mapuche de ese país».
Sobre su familia
Otro documento enviado por Whatsapp desde el Centro de Reunión de Información Neuquén al comandante Méndez, fechado el 7 de agosto, detalla los movimientos de la familia de Santiago Maldonado en Bariloche y otros lugares de la región. Aquí el foco se hace en las manifestaciones callejeras por la aparición con vida de Maldonado.
El viernes 4 de agosto, a las 17:30 y con el título “Acontecimiento”, el CRI de Neuquén informaba sobre una “concentración en Plaza Pagano” de El Bolsón. Y detallaba que los manifestantes “marcharían con destino al Esc. 35” pero que “por orden de Santiago Maldonado (hermano) se reorganizan y se dirigen a la casa del jefe de escuadrón 35 sita sobre la calle 25 de mayo”. El frenesí de los informantes por cumplir con su misión los llevó a identificar (y no corregir) al joven desaparecido con su hermano vigilado, Sergio.
Tres días después, el lunes 7, otro mensaje recibido en el celular de Méndez decía “Andrea Antico y Sergio Maldonado van a estar en el Centro Cívico. Son matrimonio”.
Recursos “humanos”, materiales y tecnológicos puestos al servicio (en el sentido amplio del término) de buscar datos y motivos para criminalizar a quienes, además de sufrir la desaparición de un ser querido a manos de las fuerzas estatales, llevan casi dos meses batallando contra un Poder Ejecutivo impune y un Poder Judicial cómplices.
Bancando el Proyecto X
En noviembre de 2011 la abogada y referente del Frente de Izquierda Myriam Bregman denunció públicamente la existencia del “Proyecto X”, una enorme base de datos montada por Gendarmería Nacional, con aportes permanentes de todos los puntos del país y centralización en Campo de Mayo. En ese momento sólo la periodista Adriana Meyer difundió la denuncia.
La dirigente de FIT había tomado conocimiento de ese espionaje ilegal a partir de defender a trabajadores y trabajadores de la zona norte del Gran Buenos Aires, procesados por su activismo gremial. Las víctimas de esas tareas de inteligencia eran, entre otras, obreras y obreros de Kraft-Terrabusi, miembros de movimientos de desocupados, referentes de Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) y hasta la nieta recuperada por Abuelas María Victoria Moyano.
Meses después, cuando la denuncia obtuvo una mayor difusión, la entonces ministra de Seguridad Nilda Garré buscó minimizar el tema reduciendo el “Proyecto X” a la neutra y despolitizada categoría de “un software” y negando que la fuerza que ella tenía a su cargo realizara espionaje ilegal sobre organizaciones obreras, sociales y derechos humanos. Así el gobierno de entonces buscó dar por cerrado el tema mientras los denominados Centros de Reunión de Información siguieron actuando impunemente.
En marzo de 2013 (poco antes de que Garré dejara el Ministerio) un conjunto de organizaciones de Neuquén denunciaron penalmente a la Gendarmería a partir de enterarse que sus dirigentes, miembros y militantes estaban siendo espiados desde el mismo Centro de Reunión de Información que ahora deposita sus antenas, ojos y orejas sobre la familia de Santiago Maldonado.
La Asociación Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle, la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos, Zainuco y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), entre otros, denunciaron entonces que estaban siendo “indebidamente seguidos y controlados y minuciosamente inspeccionados por Gendarmería nacional a través de lo que se dio a conocer como el famoso Proyecto X”.
El diputado provincial y obrero de Zanon Raúl Godoy acompañó en aquel momento la denuncia con un pedido de informes al Gobierno de Neuquén para que brindara toda la información relacionada con esas tareas de inteligencia y sobre la colaboración de las fuerzas de represión provinciales con la Gendarmería Nacional.
Ya hacía dos años que el Proyecto X había sido denunciado. Sin embargo la base de datos de Campo de Mayo, con sus “sucursales” en diferentes provincias, no sólo no había sido desmantelada ni sus archivos abiertos para que los espiados supieran qué se había hecho con ellos sino que siguió siendo alimentada por los CRI de Gendarmería.
No cambió nada
El 12 de septiembre pasado, en una entrevista por radio Futurock de Buenos Aires, la hoy diputada Nilda Garré fue consultada sobre el caso Maldonado. No sin razón cuestionó duramente el accionar del Gobierno de Mauricio Macri, de su ministra Bullrich y de la Gendarmería. Pero si bien insistió en que “el Proyecto X era un software mediocre y elemental de entrecruzamiento de datos” sobre el que no tenía sentido hablar, confirmó que cuando ella era ministra “la Gendarmería hacía su propia inteligencia”.
“Todas las fuerzas hacen inteligencia si uno las deja y tienen sus propias ideas sobre cómo reprimir los conflictos”, afirmó Garré sin inmutarse. Y reconoció que la denuncia sobre el Proyecto X realizada contra su ministerio se basaba en “informes sobre los espacios donde se movían esos dirigentes políticos y sociales”. Informes que, aceptó, se hicieron sin orden judicial alguna.
En la misma entrevista la exministra le adjudicó nada menos que al juez Norberto Oyarbide el descubrimiento de “un servidor dentro de Gendarmería donde no había órdenes judiciales de respaldo”. Lo que omitió decir es que en aquel momento ella defendió el accionar de la fuerza a más no poder y Oyarbide sólo aceptó dar unos pocos pasos en la investigación por la tenaz insistencia de los denunciantes.
Este viernes Myriam Bregman volvió a recordar que a los Centros de Reunión de Información de Gendarmería ya se los había descubieto y denunciado en 2011 pero “nunca los desmantelaron” y “ahora son los mismos que espían a la familia de Santiago”.
Hace una semana en el diario Tiempo Argentino el periodista Ricardo Ragendorfer agregó un dato que genera zozobra en los pasillos oficiales: “el resultado aún pendiente de los discos rígidos con datos de inteligencia que fueron secuestrados en las computadoras de los escuadrones de Esquel y El Bolsón. ¿Acaso podría haber allí datos previos sobre Santiago Maldonado?”.
Una pregunta que puede responderse por sí sola si es que los CRI de la Gendarmería cumplieron con las órdenes impartidas por la superioridad.
