Incendios recientes en el sector de islas del Delta del Paraná han puesto sobre relieve la importancia del PIECAS (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná) para coordinar acciones a nivel interjurisdiccional que permitan mejorar la gestión de un territorio de humedales.
El PIECAS, concebido en 2008 como un espacio de coordinación para dar respuesta a los problemas recurrentes de la región entre gobierno federal y las tres provincias que comparten el Delta del Paraná, fue perdiendo fuerza debido a desavenencias entre sus miembros y ha generado escasos resultados durante los últimos años. Afortunadamente, los recientes cambios en la coyuntura permiten avizorar un horizonte más favorable en el mediano plazo. El encuentro de la semana pasada entre el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié y el Gobernador Gustavo Bordet, fue un paso auspicioso en este sentido y ha generado expectativas acerca de una posible reactivación de este valioso espacio institucional.
Un rol fundamental en la gestión del Delta del Paraná cabe a las áreas naturales protegidas. Dentro del territorio entrerriano existen importantes sectores de isla que responder a diferentes figuras de conservación, como Sitios Ramsar que resguardan humedales de importancia internacional, parques nacionales y reservas provinciales, municipales y privadas. Gran parte de ellas, admiten usos múltiples lo cual implica un aprovechamiento sustentable mediante desarrollo de actividades productivas bajo un enfoque de aprovechamiento sustentable que se adapte al funcionamiento de estos ambientes de humedal.
Considerando esa diversidad de áreas protegidas y la importancia de estos espacios como reservorios de biodiversidad, desde el Programa Corredor Azul de Fundación Humedales/ Wetlands International se lanzó a fines de 2018 la iniciativa Corredor de Biodiversidad del Delta del Paraná tendiente a fortalecer los vínculos entre áreas protegidas. Uno de los emergentes más ricos de este proceso fue considerar que las áreas protegidas no sólo son significativas en sí mismas, sino necesarias para pensar y planificar los usos y la forma en las que ocupamos el territorio que las rodea, es decir, más allá de sus límites, evaluando las interacciones entre las áreas definidas y sus entornos.
Las áreas protegidas constituyen un capítulo central de las políticas de gestión y ordenamiento territorial. Para ello, es preciso definir roles y responsabilidades políticas, administrativas y técnicas, acordando y adoptando criterios de manejo sustentable sobre una base sólida de conocimiento.
Este esfuerzo sólo podrá ser exitoso en la medida que se garantice el involucramiento de todos los niveles de gobierno, la participación de productores, pobladores y de la
sociedad civil en su conjunto. Los cambios reales y sostenibles sólo pueden ser construidos a partir de un trabajo intersectorial y participativo.
