Fue durante el acto en el Museo del Bicentenario, donde se lanzaron 87.000 créditos para la refacción y la construcción de viviendas. «Estamos resolviendo el poder adquisitivo de más de 1 millón de trabajadores y jubilados», afirmó.

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El presidente Alberto Fernández promulgó la ley de modificación al impuesto a las Ganancias sancionada por el Congreso de la Nación, por medio de la cual más de 1.200.000 trabajadores dejarán de pagarlo.

Así lo hizo durante el acto que encabezaba este mediodía en el Museo del Bicentenario, para lanzar 87.000 créditos para la refacción y la construcción de viviendas nuevas en todo el país en el marco del Programa Casa Propia.

El objetivo de la modificación es «recomponer el poder adquisitivo de más de 1 millón de trabajadores/as y jubilados/as y reactivar la economía» ya que dejarán de pagar el impuesto 1.267.000 trabajadores y jubilados/as, representando un beneficio para más del 90% de las personas asalariadas.

El Presidente destacó como un «gran paso» la modificación del impuesto y destacó que, con esa medida, «estamos resolviendo el poder adquisitivo de más de 1 millón de trabajadores y jubilados».

«Implica un esfuerzo fiscal muy importante, pero lo estamos corrigiendo haciéndole pagar el impuesto a los que más tienen», dijo.

1.267.000 trabajadores beneficiados

«Estamos haciendo más progresivo el sistema impositivo, haciendo que paguen más los que más tienen y paguen menos los que reciben recursos sólo de un salario», indicó el jefe de Estado.

Agregó que con estos cambios en el impuesto a las Ganancias «estamos resolviendo el poder adquisitivo de más de un millón de trabajadores y también jubilados que estaban afectados».

«Y los resultados -continuó- son interesantes, ya que dejan de pagar el impuesto 1.267.000 trabajadores, y es un beneficio para más del 90 por ciento de las personas asalariadas».

El jefe de Estado afirmó que «estamos dando un gran paso, porque el pago del tributo también excluye el aguinaldo, y eliminamos el tope para deducir a los hijos e hijas de personas con discapacidades, y eximimos al personal de salud por las horas extras o guardias en la pandemia».

40.000 millones de pesos

Fernández indicó que estos cambios implican «un esfuerzo de más de 40.000 millones de pesos, pero parte de ese esfuerzo lo estamos corriendo, haciéndole pagar el impuesto a los que más tienen».

El mandatario sostuvo que «es muy importante este paso en favor de la justicia social y destacar también que esto se aplica desde el primero de enero de este año, con lo cual las Ganancias que se hayan pagado en enero, febrero, marzo y también en abril, todo eso va a ser devuelto y, de ese modo, recuperarán la capacidad adquisitiva».

Del acto de la promulgación de estos cambios en materia tributaria participaron, entre otros, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; y los senadores Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, entre otros.

En tanto, siguieron el acto de manera virtual los gobernadores de Buenos Aires (Axel Kicillof); Entre Ríos (Gustavo Bordet); Jujuy (Gerardo Morales); Santiago del Estero (Gerardo Zamora); Neuquén (Omar Gutiérrez); Santa Fe (Omar Perotti); Santa Cruz (Alicia Kirchner); Río Negro (Arabela Carreras); San Luis (Alberto Rodríguez Saá); y por Córdoba el vicegobernador Manuel Calvo.

Un beneficio para más del 90% de las personas asalariadas

Según lo establecido en la ley que hoy es promulgada, sancionada por el Senado el pasado 8 de abril, dejan de pagar el impuesto 1.267.000 trabajadores y jubilados, representando un beneficio para más del 90% de las personas asalariadas.

En cuanto a los detalles de la iniciativa, se sube el piso del mínimo no imponible a 150.000 pesos de salario bruto mensual, mientras que, en el caso de las jubilaciones sólo tributarán el impuesto quienes ganen por encima de ocho haberes mínimos.

La vigencia de la ley será retroactiva a enero de 2021, por lo que los beneficiados recibirán una devolución de los montos retenidos de más en el período entre principios de año y el momento de entrada en vigencia de la ley.