La intención es emitir dictamen para modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal en cuanto a las mayorías necesarias en el Congreso para elegir al procurador general y al titular de la Defensoría General de la Nación.

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El bloque del Frente de Todos avanzará hoy con el dictamen para modificar la Ley del Ministerio Público, durante una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado en la que la oposición adelantó que no acompañaría la propuesta del oficialismo y firmaría un dictamen en minoría.

El presidente de la comisión, Oscar Parrilli, confirmó que los senadores del oficialismo firmarán hoy un dictamen de mayoría de la propuesta, elaborada en base a proyectos del senador Alberto Weretilnek y de dos senadores de la oposición, Martín Lousteau y Lucila Crexell, que intentaron sin éxito retirar sus proyectos y avisaron que votarían en contra.

Al inicio de la reunión de comisión, Parrilli explicó que están «abiertos a sugerencias» durante el debate que se dará en el recinto, y consideró que están «dadas todas las condiciones» para «resolver el problema» de la elección y mandato del procurador general de la Nación, actualmente en manos de un funcionario interino.

Para Parrilli, el actual procurador interino, Eduardo Casal, «ha sido objeto de muchas críticas» y pedidos de juicio político y volvió a cuestionar a la gestión de Mauricio Macri por considerar que «montó una persecución» contra la procuradora Alejandra Gils Carbó, quien fue designada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y finalmente renunció a su cargo.

En representación de la oposición, la senadora Silvia Giacoppo confirmó que el bloque de Juntos por el Cambio votaría por un dictamen en minoría y su par, Lousteau, calificó como «contradictorio y ezquizofrénico» el punto del texto en el que el oficialismo cambia la mayoría agravada para elegir al Procurador pero dispone ese requisito para su remoción.

Las iniciativas en discusión se refieren, entre otros puntos, a las mayorías necesarias en el Congreso para elegir a los titulares de la Procuración General y la Defensoría de la Nación.

Los proyectos de Lousteau y de Crexell hacen hincapié en la necesidad de que los cargos de Procurador y de Defensor duren entre cinco y seis años, con la posibilidad de una reelección.

Actualmente los funcionarios elegidos para esos cargos pueden continuar ejerciendo hasta los 75 años.

No obstante, tanto el proyecto de Lousteau como el de Crexell mantienen la mayoría agravada de dos tercios para su elección por el Senado de la Nación.

El de Weretilneck, por el contrario, establece que tanto el Procurador como el Defensor General pueden ser elegidos por mayoría absoluta del Senado, es decir 37 votos.

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