Hoy se celebra el Día Mundial contra la Megaminería con el fin de visibilizar las luchas a nivel mundial ante el avance de este método de extracción de minerales que atenta no solo contra el ambiente y los ecosistemas, sino también contra los pueblos que habitan los territorios en donde se lleva a cabo.

América Latina ha sido una de las principales víctimas de las multinacionales que proceden con este sistema exctractivista, por su gran cantidad de recursos naturales, entre ellos los minerales. En este contexto se introduce el caso de la Argentina, que si bien tiene sus propias características, posee una dinámica similar a la de muchos países de la región con las megamineras extranjeras.

En los últimos trece años la minería en la Argentina ha tenido un crecimiento exponencial, pero debido principalmente a la legislación neoliberal prominera implantada en los 90 (que por cierto el kirchnerismo nunca tuvo intenciones de modificar sino que la exprimió al máximo), fueron las grandes multinacionales extranjeras las que sacaron mayor provecho de los recursos minerales nacionales, llevándose estos hacia sus respectivos países, y dejando poco y nada para explotar en la Argentina.

En los siguientes gráficos se observa cómo la explotación de recursos minerales del país se encuentra sujeta a la intervención y explotación de empresas extranjeras, con gran predominio por sobre las empresas nacionales.

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Por otro lado, es necesario destacar el impacto ambiental que conlleva este crecimiento exponencial de la minería.

A nivel mundial. Los minerales prácticamente ya se han agotado, entonces lo que hay que buscar son minerales considerados de baja ley, es decir, de poca proporción de mineral por tonelada de roca. Está muy disperso, y es por eso que para extraerlo es necesario volar montañas y cerros (proceso conocido comúnmente como megaminería o minería a cielo abierto), para luego pasarlos por una sopa química y hacer la separación del mineral de la roca. Para ello se necesita muchísima agua, en un contexto en el que este recurso es cada vez más preciado. De hecho, la provincia de San Juán, que alberga la Mina Veladero explotada por la megaminera canadiense Barrick Gold, es una de las tantas provincias del país que sufren considerablemente la escasez de agua.

En los siguientes gráficos, queda plasmado los altísimos niveles de agua que utilizan a diario dos de los proyectos mineros más importantes del país (Bajo La Alumbrera y Veladero), en comparación con lo que consumen algunos departamentos y ciudades cercanas a dichos proyectos, tomando como referencia un promedio de 300 litros de agua por habitante por día.

En el caso de Jáchal e Iglesia, se utilizan como parámetro los departamentos enteros. En el caso de Catamarca Capital y Andalgalá se toman como referencia las ciudades.

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En sus doscientos años de historia, Argentina se ha sabido adaptar a gusto y piacere a las teorías, acuerdos, consensos y a otras tantas reglas de juego económicas planteadas por las grandes potencias económicas del mundo, y con todos los condimentos que tuvieron estas relaciones comerciales internacionales, se puede hallar una constante que se mantuvo desde su independencia en 1816 hasta la actualidad: se consolidó como exportador de materias primas, abasteciendo las necesidades de aquellos países industrializados que lograron establecer así una relación de dependencia y dominación con nuestro país.

En los últimos trece años, de la mano de un gobierno considerado neodesarrollista, se habló de romper con esa relación de dominación estructural a la que la Argentina se encuentra sometida desde siempre, pero sin embargo, queda demostrado que efectivamente no fue así, y hasta se puede afirmar que nunca existió esa intencionalidad de los gobiernos de turno, ya que por lo bajo y por fuera del discurso oficial, fue notable cómo se consolidó aún más su condición de exportador de recursos naturales.

En el caso de la minería, es observable cómo se respetó la legislación neoliberal prominera establecida en los 90, y cómo se permitió el avance y la llegada de tantísimas empresas multinacionales que, con la connivencia de los distintos poderes del Estado, llevaron y llevan a cabo un plan sistemático para extraer recursos naturales dejando graves perjuicios al medio ambiente, ignorando la voluntad de los pueblos originarios y persiguiéndolos, y a menudo contaminando los recursos utilizados diariamente por los pueblos aledaños a los proyectos mineros.

Con el actual Gobierno el panorama no es para nada esperanzador. En primer lugar, una de las medidas iniciales tomadas por el actual presidente Mauricio Macri fue quitarle las retenciones a las mineras, en diciembre de 2015, apenas asumido su cargo. En segundo lugar, en junio se firmó el Acuerdo Federal Minero, que reemplaza a uno anterior de 1993, y que tiene como principal objetivo “atraer inversiones”, lo cual implica un paso más de subordinación ante el poder de las grandes multinacionales. A esto se le suma el avance del Estado represor que castiga con palos ante cualquier brote de protesta social y reclamos.

Esquel: un caso exitoso.

Pero no todo es frustración en cuanto a los conflictos originados por el avance extractivista y megaminero en la región. La minera canadiense Meridian Gold se instaló en Esquel, ciudad perteneciente a la provincia de Chubut, en el 2002. La multinacional llegó con la intención de explotar el oro que había sido encontrado allí a partir de la exploración realizada por la minera El Desquite S.A.. Luego de un intenso proceso de lucha, el pueblo esquelense logró que se llamara a un plebiscito el 23 de marzo de 2003, para decidir por si o por no el comienzo del proyecto minero, en el cual ganó por el 81% de los votos el “no”.

De esta manera, es observable cómo se hizo efectiva la retirada de un gigante multinacional a partir de la lucha de un pueblo relativamente pequeño como es Esquel (actualmente tiene 32 mil habitantes), en lo que representó un ejemplo a seguir para otros tantos pueblos que resisten a la megaminería.

Es así que a partir de este caso nace el movimiento No a la Mina, el cual se ha consolidado a lo largo de los años a nivel nacional, con el fin de compartir experiencias y estrategias para defender la soberanía de los distintos pueblos invadidos por multinacionales megamineras, y darle legitimidad a este reclamo que no recibe respuesta alguna de parte de los poderes del Estado.