En la última sesión ordinaria del Parlamento se sancionó la Ley que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.
Sus objetivos son :
- Establecer estrategias e instrumentos relativos al estudio del impacto, la vulnerabilidad y las actividades de adaptación al Cambio Climático
- Asistir y promover el desarrollo de estrategias de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero y reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales ante el Cambio Climático.
Además convalida la creación del Gabinete Nacional de Cambio Climático que tendrá como función articular entre las distintas áreas de gobierno «la implementación del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático». El mismo estará coordinado por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable y contará con un Consejo Asesor integrado por científicos, representantes de organizaciones ambientales, sindicatos, comunidades indígenas, universidades, entidades académicas y empresariales, centros de investigación y representantes de partidos políticos.
La Ley también dispone la formación del Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático como instrumento para el diagnóstico y desarrollo de planes de respuesta. La misma fue sancionada en la madrugada de ayer, jueves 21 de noviembre, con 163 votos y es un logro de vital importancia tanto para el colectivo de organizaciones ambientalistas como para la ciudadanía comprometida con el cuidado del planeta.
Un día importante en materia de derecho ambiental
El jueves 21 se realizó una jornada en el Salón Auditorio del Edificio Alfredo Palacios del Senado de la Nación con el objetivo de impulsar la ratificación del Acuerdo de Escazú, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado el 4 de marzo de 2018, en Escazú (Costa Rica).
Este acuerdo “es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos” y tiene como objetivo garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia, “así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”, indica el documento.
La jornada fue organizada por el senador Mario Fiad que presentó un proyecto para ratificar dicho acuerdo.
En la apertura participaron los senadores Fiad y José Ojeda y el periodista Sergio Elguezabal, luego hubo un panel de especialistas integrado por Marcia Levaggi, directora de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Andrea Brusco, coordinadora regional de Gobernanza Ambiental de la Oficina para América Latina y el Caribe, Carlos De Miguel, Jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la CEPAL, y Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
