Ecologistas advirtieron al municipio de una nueva construcción en 250 hectáreas.
Tras la amplia difusión mediática que tuvo la explotación agrícola de Berma Agri (ubicada en la isla Irupé, en jurisdicción de Victoria y frente a la costa de Villa Constitución), como caso emblemático por su tamaño y antecedentes nefastos por el daño que ha producido en la zona de islas, se pensó que, aunque con mucha lentitud, el tema de los terraplenes y endicamientos comenzaría a instalarse en la agenda de los gobiernos y entidades. Pero la realidad marca otra cosa.
No solamente aún no se ha resuelto judicialmente esta situación, sino que se siguen construyendo terraplenes nuevos iguales o mayores al señalado.
Ahora grupos ambientalistas advirtieron al municipio de Victoria de una nueva construcción en unas 250 hectáreas a la altura del kilómetro 44 del Puente Victoria-Rosario en la zona del Paranacito.
El terraplén “de Baggio” como se lo conoce, viola todo lo estipulado por la legislación sin importarle los antecedentes mencionados.
Según un relevamiento particular, serían nueve los terraplenes que siguen alterando el curso del riacho, y en muchos casos, anegando campos vecinos.
Otro caso que llama mucho la atención, es el terraplén “De Croato” en la zona del Cerro de la Matanza, del que tanto se habló en las últimas semanas, y donde un feed lot cuestionado desde su instalación hace casi diez años, pasa de gestión de gestión, con llamativa indiferencia de las autoridades.
Entidades ambientalistas ahora están alzando la voz ya que el terraplén levantado por este emprendimiento se ubica justo en la desembocadura del arroyo “El Ceibo” , lugar natural determinante en el desarrollo hídrico de la zona.
Falta de controles en el puente
Algunos años atrás además de la cartelería que indicaba la prohibición de pescar a los costados del viaducto, una pequeña patrulla y la presencia de gendarmería colaboraban para evitar esta práctica.
Lamentablemente la persistencia de los pescadores parece haber torcido el brazo de las autoridades que ahora solo dejan hacer, con todo lo que eso implica y que bien explica en su testimonio el guía de pesca Javier Nuñez: “ Ya es común la presencia de pescadores y ahora también de cazadores con armas largas, que me ha llevado a radicar más de una vez denuncia por lo peligroso de esta práctica en la zona…..A esto hay que sumarle la gran cantidad de basura que dejan en el lugar, y que algunos cortan los cercos para acceder y hasta hemos encontrado que los postes son utilizados para hacer fuego para es asado”.
El corte de los cercos favorece la presencia de animales en la ruta, otra problemática en crecimiento en la zona.
Este panorama permisivo termina siendo cómplice del ataque al medio ambiente, y una involución notoria de la sociedad y del poder de las entidades que no le dan a estos temas la importancia que se merecen.
Comunicaron desde el grupo en alusión a la vigencia del emprendimiento montado en 2008 sin autorización ni habilitaciones, y que se mantuvo vigente y prosperó pese a intimaciones, procesos administrativos y judiciales que se han desarrollado desde entonces para el cese de la siembra, fumigación y movimientos de tierra, que son ilegales en las islas, publicó el Diario La Capital de Rosario.
Ni siquiera la gran inundación de 2010 que –como en este caso– arrasó con todo cuanto había en las 10.000 hectáreas de extensión del establecimiento, desalentó a “los holandeses”, tal como llaman los lugareños a los responsables visibles en el lugar: en diciembre de ese mismo año ya tenían el negocio en marcha nuevamente, y al margen de las normas.
Incluso, en setiembre del año pasado se reavivó la polémica cuando circularon fotos de la construcción de galpones y silos en la isla circundada por los arroyos Estévez, San Lorencito y Los Laureles, algo impensado para el paisaje de esa zona.
La amplia repercusión mediática de ello derivó en una intimación del gobierno entrerriano para “la suspensión total de obras” y “el cese de toda actividad” y en una clausura impuesta por del municipio de Victoria.
La firma interpuso un recurso contencioso administrativo en la Justicia, que terminó anulando las actuaciones y dictaminando que corresponde a la Fiscalía de Estado entrerriana resolver en el tema, porque las obras que desarrollan “los holandeses” afectan de un modo u otro al patrimonio público provincial.
