Como parte del traspaso a la provincia y la Ciudad, se aceptó que las distribuidoras salden una deuda de 7.000 millones de pesos con un compromiso de mayores obras.

 

Perdón

A raíz del traspaso de las distribuidoras a la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Hacienda, informó que el gobierno nacional llegó a un acuerdo con Edenor y Edesur «por las deudas acumuladas por el Estado, mayoritariamente entre los años 2006 y 2015, y traspasó su jurisdicción a la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, con la firma de un acta acuerdo entre las partes».

El Gobierno sólo informó que como saldo de esa negociación Edenor deberá incrementar sus inversiones en 4.000 millones de pesos por sobre lo acordado en la última Revisión Taritaria Integral (RTI), mientras que Edesur deberá pagarle al Estado Nacional 3858 millones de pesos (unos 83 millones de dólares) y sumar obras adicionales por 3000 millones.

El gran negociador oficial fue Juan Garade, quien fue gerente de Planificación Económica de Edenor entre 1992 y 1998 y director de Planificación, Control y Regulación de la empresa Edesur entre 2001 y 2012.

Los puntos que debían resolverse eran:

  • Reclamos vinculados con el cumplimiento de las Actas Acuerdo celebradas entre el Ejecutivo Nacional y las concesionarias en 2006, y con el correspondiente Período de Transición (entre el 6 de enero de 2002 y la RTI que entró en vigencia el 1º de febrero de 2017)
  • Reclamos relacionados con el pago de los consumos de los asentamientos con medidores comunitarios generados desde octubre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, exclusivamente respecto del porcentaje comprometido por el Estado Nacional
  • Reclamos en relación con las diferencias resultantes de aplicar el tope en las facturas de los usuarios beneficiarios de la Tarifa Social.

Como se trataban de más de 17 años de incumplimientos cruzados, optaron por hacer borrón y cuenta nueva.

Sin dar mayores detalles sobre cómo se llegó a las cifras definitivas del acuerdo, el Gobierno informó, que las deudas acumuladas por el Estado Nacional se compensan con las multas que adeudan las empresas y los adelantos otorgados hasta el 2015 mediante Cammesa, en concepto de incrementos tarifarios a cuenta.

El nuevo ente, será denominado Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico, que designará sus autoridades una vez que el traspaso esté refrendado en ambas jurisdicciones. “El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) continuará sus funciones de control del transporte de energía eléctrica y de agentes del mercado; y cederá el personal dedicado al seguimiento de la distribución al nuevo ente, por lo que habrá continuidad de los puestos de trabajo”, se agregó.

Author: Pluma de Río

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