Santiago Maldonado estuvo desaparecido 78 días. Su cuerpo fue encontrado sin vida el 17 de octubre en el Río Chubut, 400 metros río arriba de donde fue visto por última vez.
El calvario que sufrió la familia y sus amigxs no terminó allí. Bullrich salió a respaldar el accionar de la Gendarmería mientras la prensa oficialista extendía la protección mediática a los funcionarios del gobierno. En un claro acto de cinismo, la ministra de seguridad promovió ascensos y retiros voluntarios entre los miembros de los escuadrones que intervinieron. El subalférez Emanuel Echazú, único imputado la causa, fue ascendido a la jerarquía de alférez. Cada movimiento de la ministra deja entrever el siniestro plan que encarna.
Basta con repasar lo acontecido este último año y medio para corroborar como el gobierno de Mauricio Macri está empecinado en llevar adelante una política económica que perjudica a los sectores populares. Los ingredientes de la receta del FMI, que la coalición Cambiemos cumple al pie de la letra, tienen como únicos beneficiarios a los sectores más concentrados del capital. En este contexto, la política de persecución al pueblo mapuche es el caso testigo de lo que pretenden hacer con el conjunto de la población que se organiza: criminalizar la protesta social.
Teniendo en cuenta los intereses de las petroleras y los terratenientes extranjeros, el gobierno nacional comenzó a delinear su plan de hostigamiento al pueblo mapuche durante la segunda mitad del 2016. Fue así como, en agosto de ese año, la ministra Patricia Bullrich anunció la publicación del informe “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche”. El contenido del documento nos ayuda a comprender por qué Facundo Jones Huala es objeto de persecución y por qué las muertes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel no son fruto de la casualidad, sino que son el resultado de una política deliberada.
En el documento se mostraba la criminalización de los reclamos territoriales de las comunidades mapuches de la Patagonia, ignorando la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios, el respeto a su identidad y la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan.
En segundo lugar, en el informe se observa el proceso de configuración de un enemigo interno. Fue así como entró en escena, en la agenda mediática, la RAM (o Resistencia Ancestral Mapuche), organización a la que se la responsabilizaba de protagonizar “usurpaciones de territorios, incendios, daños y amenazas” en el sur. Además de poseer incomprobables contactos con el terrorismo internacional.
Por último, se anunciaba la creación de un “comando” que actuaría en las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut. Paralelamente, se reconocía que la Policía de Seguridad Aeroportuaria “investigaba” a las comunidades; eufemismo que no lograba ocultar el hecho de que las mismas eran objeto de espionaje.
A principios de diciembre de aquel año, organismos de Derechos Humanos y representantes de Pueblos Originarios, rechazaron este documento del Ministerio de Seguridad. Bajo la consigna “La lucha indígena no es delito”, denunciaron la persecución al pueblo mapuche y advirtieron una posible represión.
El conflicto estalló en enero de 2017 en Chubut, donde la Pu Lof Cushamen estaba en una disputa, desde hacía dos años, con el grupo Benetton por haber adquirido sus tierras. Fue entonces cuando la Gendarmería Nacional y la Policía de la Provincia de Chubut atacaron, en forma conjunta y con balas de plomo a la comunidad, con un saldo de varixs heridxs y varios detenidxs.
El 1 de agosto de ese año, en un operativo repleto de irregularidades (pero cuidadosamente supervisado por el segundo de Bullrich: Pablo Noceti), Gendarmería ingresó a la Puf Lof Cushamen. Varios testigos ratificaron que Santiago Maldonado estuvo en el predio de la comunidad mapuche, luego militarizado por la fuerza federal. Santiago se transformaba, así, en un nuevo caso de desaparición forzada en democracia.
Lo que siguió fue un lamentable cerco mediático, orquestado por el gobierno nacional y ejecutado por una vasta corte de operadores. Se difundían versiones falsas, que indicaba Santiago estaba vivo y que se lo había visto en Entre Ríos, Salta, Mendoza, Comodoro Rivadavia y San Luis. Mientras tanto, se iniciaba una campaña en contra de los docentes que conversaban con los estudiantes. Bajo una clara lógica macartista, se difundía un instructivo orientado a denunciar la incursión “política” en las escuelas.
Un párrafo aparte merece la represión del 1 de septiembre en la marcha que se realizó a un mes de la desaparición de Santiago. En un operativo que combinó agentes “infiltrados, informantes y provocadores”, la Policía de la Ciudad desplegó una razzia en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. 17 heridos y 30 personas detenidas fueron el resultado de la jornada que marcaron un cambio.
El 25 de noviembre, el mismo día que se realizaba el entierro de Santiago, otra noticia nos estremecía. Veinte miembros del Grupo Albatros, integrantes de la Prefectura Naval Argentina, ingresaron al predio de la Lof Lafken Winkul Mapu, iniciando una cruenta cacería sobre personas desarmadas. Los efectivos realizaron un centenar de disparos sobre miembros de la comunidad mapuche. Con un disparo de un fusil 9 mm, el cabo Francisco Javier Pintos asesinó por la espalda a Rafael Nahuel. Tenía tan solo 22 años.
Este 1 de agosto se cumple un año de la desaparición de Santiago. El militante que estaba cortando una ruta y que se comprometió con una lucha que tomó como propia.
Muchas cosas han pasado desde entonces y queda mucho por saber. Pero tenemos dos certezas: Que los gobiernos pasan, pero la represión queda. Y que la lucha florece cuando estamos ahí. En las calles y en las rutas.
