Nuestro Vecino Isleño Andrés Asiaín, Director del CESO (Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz) analiza el presupuesto 2019 y sus implicancias.
El Presupuesto es la hoja de ruta de cómo va a llevar a cabo las políticas en un año calendario el Estado nacional.
Por Ley de Administración Financiera el proyecto debe presentarse en la Cámara de Diputados antes del 15 de septiembre.
El Presupuesto del año 2019 tendrá nuevas particularidades, será un proyecto armado a medida de los compromisos asumidos por el Gobierno nacional ante el FMI. Esto obligara a seguir las negociaciones, marchas y contra marchas que se darán para poder imponer las tijeras en todo tipo de partidas del gasto.
Por los compromisos asumidos ante el FMI el Gobierno tiene que recortar el gasto público en 1,2% del PBI. Para cumplir con este objetivo, parece estar dispuesto a recortar gasto en salud, ciencia, educación, ayudas sociales, obras públicas, entre otras grandes partidas.
En el camino de reducción del déficit fiscal, el Ejecutivo Nacional no mide con la misma vara ingresos y gastos. Decide eliminar impuestos a bienes personales, reducir Ganancias del 35% al 30%, bajar contribuciones patronales, bajar las retenciones a soja y minería, descontar de ganancias el impuesto al cheque; que tuvieron un impacto en la baja de la recaudación de más del 1% del PBI; todas medidas contrarias a la eliminación del rojo fiscal.
Presupuesto y FMI
En el marco del acuerdo con el FMI y sus recomendaciones para la política económica interna de nuestro país se abre la discusión sobre el Presupuesto Nacional 2019, esto es, los ingresos y gastos del Estado para el próximo año. Por Ley 24.156 de Administración financiera el Poder Ejecutivo debe presentar en la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto de la Administración Pública Nacional para el 2019 antes del 15 de septiembre. Hasta aquí las formalidades y requisitos legales. Pero de cara al debate del cierre del proyecto que se convertirá en ley, hay nuevas circunstancias que obligan a seguir muy detalladamente las propuestas, negociaciones, marchas y contra marchas del debate
legislativo. Porque a diferencia de otros años el Presupuesto 2019 vendrá signado con la marca del ajuste autoimpuesto por el gobierno en el marco del acuerdo con el FMI.
Es de conocimiento común que los condicionamientos impuestos por el FMI para otorgar el préstamo acordado con el gobierno argentino (50 mil millones de dólares bajo la modalidad Stand By) implican un fuerte recorte de gastos del Estado tanto para lo que queda de 2018 como para los próximos años.
Despidos y Salarios
El gasto estimado para atender los salarios de los empleados públicos es de $ 385.162 millones para el año 2019, lo cual implica un incremento del 17,2% respecto del cierre del corriente ejercicio y una estimación de reducción del 2% en la planta de personal. Siguiendo la práctica habitual, el gobierno presentará oficialmente un aumento del 7,3%, manteniendo el 7,5% restante ($ 32.581 millones) como reserva de paritaria escondido en alguna cuenta sin finalidad específica. En medio del debate por el rol de las FFAA y las Fuerzas de Seguridad, dentro del gasto en personal se destaca el monto dedicado a FFAA y de Seguridad por $ 162.713 millones.
La Cizaña del Ajuste sobre los más Vulnerables
Pese a que la Carta de Intención presentada al FMI señalaba que se dispondrían medidas para “protección de los más vulnerables” las tijeras del ajuste apuntan directamente a los más débiles: se planean recortes sobre programas sociales, alimentarios y hasta de abastecimiento de leche para madres y niños.
Cabe señalar que el hecho de descargar la totalidad del ajuste fiscal sobre los más humildes mientras se reducen los aportes fiscales de quienes manejan los agronegocios y otros sectores empresariales concentrados, es una decisión local. La presión de la Mesa de Enlace y la UIA, empujó al gobierno a descargar la totalidad del ajuste sobre los más humildes, mientras se reduce los aportes al Estado de los sectores más concentrados.
A continuación los detalles más macabros del plan de ajuste oficial que se ubica a la derecha del recomendado por el FMI:
1) Planes sociales del Ministerio de Desarrollo y del Ministerio de Trabajo:
Se prevé una disminución del 10% en el número de beneficiarios de los distintos programas sociales.
2) Plan Alimentario y Plan de Madre y Niño:
Un recorte del 74% nominal y del 91% en términos reales.
3) PROGRESAR:
Este Programa viene sufriendo recortes y modificaciones desde que asumió la Alianza Cambiemos al frente del Ejecutivo Nacional. Para el próximo año se espera una nueva rebaja del 5% del monto nominal respecto a 2018. En términos reales el ajuste asciende al 22%.
Transferencias a las Provincias
El recorte en términos reales supera el 50%. En el caso de algunos programas, las partidas para las provincias son directamente eliminadas, como en el mencionado Plan Alimentario Nacional (Ministerio de Desarrollo Social) y Plan de Madre y Niño (Ministerio de Salud) y el Programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas. El Fondo Nacional de Incentivo Docente, Compensaciones Salariales y Ex Fondo Compensador sufre un recorte del 92%, eliminándose la totalidad de las transferencias a las provincias excepto en lo que hace a universidades (que se reduce nominalmente un 75%).
El Gobierno nacional también quiere recortar los recursos provenientes del Fondo Sojero. Este fondo se compone del 30% de lo recaudado en concepto de retenciones al complejo soja (poroto, aceite, harina, etc) y las partidas solo pueden ser gastadas para obras de infraestructura. Son partidas muy importantes no solo para las provincias sino también para los Municipios y Comunas.
Salud
Se planea congelar nominalmente el presupuesto de los 5 hospitales que reciben financiamiento nacional, que incluye al Garraham, El Cruce de Florencio Varela,
Cuenca Alta Néstor Kirchner, Dr. René Favaloro y Presidente Néstor Kirchner. El congelamiento presupuestario implica un ajuste real del 17% en las partidas hacia dichos hospitales. También se prevé un ajuste real del 19% en el Programa de Desarrollo de Seguros Públicos de Salud.
Ciencia
En el caso del CONICET, se prevé la misma pauta salarial que los empleados públicos con una merma del 2% en el personal, implicando una caída real del 4% en las partidas hacia el organismo. Por el lado de las transferencias correspondientes a la Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación se mantienen congelada nominalmente la partida, implicando una reducción real del 17%.
Tarifazo al transporte
Los subsidios al transporte disminuyen nominalmente un 24%, concentrándose el ajuste en el fondo fiduciario del transporte, parte de los cuales esperan ser sustituidos por inversiones privadas en el marco del PPP (soterramiento del Sarmiento). Aun así, los subsidios al combustible y a Metrovías – Ferrovías crecen nominalmente un 5%, muy por debajo de la inflación (aún de la meta oficial).
Empresas públicas
En el caso de las empresas públicas, mientras ENARSA y las vinculadas a la gestión y desarrollo de ferrocarriles reciben financiamiento muy por encima de la inflación, otro grupos de empresas ven reducidas drásticamente las transferencias para gastos corrientes.
Bienes y Servicios
Para estas partidas se prevé un recorte nominal respecto al ejercicio 2018 del 20%, teniendo en cuenta una inflación del 17%, el recorte en términos reales es muy significativo.
Jubilaciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Interior
No se prevén incrementos para 2019.
Agroindustria y Producción
Se eliminan las partidas que implican transferencias para el sector privado o a las provincias, con excepción de los fondos para la Gestión del Riesgo Agropecuario del Ministerio de Agroindustria (caja habitual de la sociedad rural).
Obra Pública
Se profundiza el recorte de la obra pública: en el escenario más optimista el Gobierno Nacional estima gastar sólo $ 90.000 millones, un 3% del total, en gastos de capital. Si se actualiza el gasto de capital presupuestado para este año por el 17 por ciento de inflación previsto oficialmente para 2019, el gasto de capital debería ser de al menos 246.800 millones de pesos solo para mantener dicho nivel, es decir, el ajuste real sobre la obra pública (y otros gastos de capital) ronda los 156.800 millones de pesos.
