En nuestro país la marcha se realiza desde 2013 en por lo menos 17 localidades.
Este sábado se realiza una nueva edición de la Marcha contra Monsanto, un evento contra el gigante industrial responsable de múltiples ecocidios, que se replica en 400 ciudades de 40 países.
Monsanto es el principal productor mundial de herbicidas en base a glifosato y de semillas modificadas genéticamente para resistirlos. Y Argentina es el segundo país del mundo que utiliza más cantidad de agrotóxicos por hectárea, por lo cual es lógico que sea uno de los puntos de interés principal de la multinacional. Entre 1962 y 1973, Monsanto comercializó más de 70 millones de litros de Agente Naranja (conteniendo la cancerígena dioxina) para ser utilizado como defoliante en la guerra de Vietnam.
Numerosos estudios a nivel nacional e internacional prueban la peligrosidad de los agrotóxicos en general y del glifosato en particular. Son contundentes los datos acerca del incremento de la incidencia del cáncer en las poblaciones vecinas a los campos periódicamente fumigados con herbicidas, pero también está probado el impacto altamente negativo de estos productos en lo que hace a la degradación de la capacidad productiva del suelo, la contaminación del aire y el envenenamiento de los cursos de agua.
En abril, un tribunal ético constituido en la ciudad de La Haya encontró a Monsanto culpable del delito de ecocidio, de contaminar el medioambiente, enfermar la salud de las personas, vulnerar los derechos de las personas a acceder a un medioambiente sano e impedir la libre investigación científica. Si bien la crítica es global al paquete tecnológico que sostiene el agronegocio (cultivos con semillas genéticamente modificadas funcionales a los herbicidas y otros venenos), específicamente respecto del glifosato se plantea que existen numerosos estudios que lo consideran como un “carcinógeno probable para humanos”, según plantea también la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Hace unas pocas semanas el Senasa, luego de una serie de intimaciones judiciales, se vio obligado a hacer públicos algunos estudios realizados sobre la presencia de agrotóxicos en frutas y verduras comercializadas públicamente en nuestro país. El informe confirmaba la presencia de más de 20 agrotóxicos presentes en los alimentos, muchos de los cuales ni siquiera están aprobados para su uso en vegetales. En numerosos casos se excedían los límites máximos de residuos (LMR) considerados tolerables para el consumo humano, aunque el informe solamente indicaba que se había superado ese límite sin especificar los porcentajes en cada caso, lo que pone en evidencia una permisividad estatal respecto del uso de estos “recursos tecnológicos”.
Inmediatamente, el Senasa tuvo que salir a intentar explicar la situación afirmando que en todos los casos se ha cumplido el programa de “Buenas Prácticas Agrícolas respecto de la aplicación de los productos fitosanitarios”. También explicaron que la superación de los LMR en muchos casos no es tan grave porque los mismos “son definidos con un amplio margen de seguridad que evita el riesgo para el consumidor aun si eventualmente fueran superados”.
El Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (INTA) viene actuando en el mismo sentido de justificación y legitimación del uso de agrotóxicos. Hace pocos días el ingeniero agrónomo Hernán Trebino, Director Centro Regional Buenos Aires Norte, cursó al resto de los directores del organismo un instructivo por el que se prohíbe el uso de la palabra “agrotóxicos” en “las comunicaciones de los profesionales, así como en los materiales impresos, virtuales, o en cualquier otro tipo de comunicación institucional”: “El término “agrotóxico”, ya que su empleo implica una posición valorativa negativa que presupone un uso inadecuado o inapropiado de una alternativa tecnológica que bien empleada no debería constituirse en riesgo para la salud humana o ambiental. Se debe emplear “productos fitosanitarios” o “agroquímicos” en vez de “agrotóxicos” o cualquier otra referencia que implique un posicionamiento sobre estos productos que no se corresponde con decisión institucional alguna”.
Nuestro país está cumpliendo 21 años desde que el presidente Menem autorizó la producción y comercialización de los primeros transgénicos propiedad de Monsanto (la ‘Soja RR’) y del herbicida glifosato. Ninguno de los gobiernos sucesivos puso objeciones al desarrollo de este mortal agronegocio, que siguió expandiéndose sin pausa. Hoy se utilizan 240 mil toneladas anuales de glifosato en territorio nacional.
Si bien la consigna internacional invita a movilizarse contra Monsanto (que recientemente fue adquirida por Bayer), también hay que incluir a otras poderosas multinacionales del agronegocio tales como Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y Basf, así como también otras como Agrofina, Atanor, Porta, Nidera, Tecnomyl, Rinder, Agro/max, Agrosuma, Arysta y siguen firmas. En nuestro país también se suma la exigencia de modificación de la Ley de Semillas.
La cita en Buenos Aires para la Marcha contra Monsanto es a partir de las 12 de este sábado 20 en Plaza San Martín de Retiro (cerca de las oficinas centrales de la empresa) donde se realizarán además diversas actividades como charlas de especialistas, intervenciones artísticas, y una olla popular agroecológica. Entre otros, expondrán exponer los médicos Damian Verseñazzi y Jorge Kaczewer, el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, la maestra de escuelas fumigadas Ana Zabaloy y los abogados Marcos Filardi y Jonatan Valdivieso.
